Algo primero.

Recordaba al comenzar a escribir el presente artículo lo necesario que resulta, al encarar éste desde una reflexión sobre el “Bicentenario”, <hacer> oído al silencio que llevan 32 presos políticos mapuches. En efecto, el 12-07-2010 comenzó un proceso de huelga de hambre en centros penitenciarios de Temuco, Concepción, Angol, Lebu y Valdivia, exponiendo estos peñi/lamgen su integridad física supeditado al interés colectivo. El objetivo es claro: terminar con la aplicación de la Ley Terrorista (y su derogación), anular el doble procesamiento en sede civil y penal y desmilitarizar la región. Por cierto, la autonomía y determinación sobre su cultura y tierras ancestrales permanecen intrínsecas en la misma causa.  No es cuento nuevo: se trata de cuestiones conocidas al pueblo mapuche, pues tras 500 años de resistencia las causas siguen siendo similares en su esencia: ley, fuerza y tierra.

Mientras el poder formal festina en celebrar 200 años de historia de Chile en cuanto que independiente, queriendo pasar 18 años colados, existe un grupo silenciado que entristece hoy el avance del wingka en un sur ancestral, dominado por un <estado de derecho>. Lo que erige este conflicto es el devenir de una relación que esconde diversos intereses a lo largo de la historia, cubriéndolos con una guerra incesante y descabellada. Por ello, centrar la idea de que el “conflicto del pueblo mapuche con el estado chileno es preciso mirarlo dentro de un contexto histórico y de la actual globalización del capital”[1], torna sentido a la hora de establecer respuestas a lo que, voces por doquier, reclaman como injusto. Pues, “plantear el tema de la autonomía política y territorial del pueblo mapuche, y la exigencia de ser reconocidos como un <otro> distinto del resto de la sociedad chilena, con derechos que surgen de su particularidad”[2] supone un debate que se (nos) ha negado al permitir callarlo por hidroeléctricas, intereses productivos e inversión.  

Los medios de comunicación masivos, y en especial la televisión, son cómplices al denominar una demanda social como un conflicto mapuche, dando a entender que son éstos los que indisponen a todo un país. Durante la historia, su pueblo ha tenido que lidiar con un inventario descriptivo de bárbaros, alcohólicos y terroristas envuelto, claro, de un manto de integración, gracia divina de la corona, la nación: un estado. Y en verdad, “[e]l Estado y los políticos chilenos de las clases dominantes, buscaron su integración a la sociedad chilena por la vía del sometimiento, sin respetar las diferencias de cultura y pensamiento ni el derecho ancestral a su territorio y autodeterminación”[3], resultado de aquello es discriminación.

Desde luego aceptar con su real magnitud la importancia del tema, exige enterrar en el tacho de la historia los aspectos que hoy siguen determinando la discusión. No se trata de un bárbaro, menos de un terrorista: lo que se nos presenta como conflicto, que entre nosotros diremos con justa razón causa, es la valoración de una cultura que aclama el respeto por su tierra, el origen mismo de su existencia. La defensa irrestricta a lo que nosotros traducimos como impacto ambiental, y que para los mapuches trata de un daño directo a su ascendentes, finalmente su <cuerpo>, enraíza una lucha por Ternura.

Breve arqueología de una resistencia. 

Lo que por generaciones se ha convertido en un habitus de resistencia, el poder formal lo ha convertido en la razón para utilizar los amplios poderes que  el monopolio de la fuerza, mediante la coerción, entendida ésta como la fuerza socialmente organizada, les otorga. Luego, la complicidad que se extiende por los rincones en los años institucionales del país es radical, ya que la lucha del pueblo mapuche que, según señala Luis Sepúlveda, ha “venido sosteniendo durante cinco siglos por la defensa de sus tierras, primero contra el Imperio Inca, luego contra el de España y, después, desde el siglo XIX, contra la oligarquía chilena”[4] significa el mismo proceso que a la fecha los mantiene enfrascado en una cruda ola de violencia.

Tendemos a creer que la batalla que acostumbra a la Araucanía se remonta a la existencia del Estado chileno, sin embargo, en 1460 existe la primera invasión inca a territorio chileno y en 1485 el primer enfrentamiento con mapuches en el Maule[5], sellando de este modo la tendencia defensiva. La línea cronológica de enfrentamientos se mantiene activa desde el 11 de septiembre de 1541 con el incendio de Santiago, movimiento encausado por Michimalongo. Claro está, para los mapuches esta lucha ha sido contra los mismos de siempre: inca, español, criollo, chileno, en fin, da lo mismo.

En términos concretos, junto al nacimiento de la República emerge el primer conflicto entre el incipiente Estado chileno y los mapuches, toda vez que a éstos últimos “la independencia no los había involucrado, [pues] era asunto de criollos”[6], así los acuerdos llegados en los Parlamento de Quilín (1726) y Negrete (1793) lograban una estabilidad en las fronteras sureñas, lo que provocaba lealtad a los realistas y pugna con las fuerzas independistas. Esta situación da paso a constantes ataques y reducciones de la población mapuche. La conocida “Pacificación de Arauco” aún se enseña como la empresa realizada por el Estado chileno en contra de bárbaros que se oponían al desarrollo de la nueva nación. Desde un punto de vista crítico, como lo plantea Bengoa, ésta acción se estructura como la primera guerra civil y más sangrienta que mancharía la historia de nuestra fundación. Aquella aniquilación constante fue más bien una reducción que un espacio pacificador. Como ejemplo, entre noviembre de 1868 y abril de 1869 hubo bajas en el ejército por un total de 35 soldados en comparación con los 211 mapuches muertos: ataques que se realizaron en 13 localidades distintas en 23 fechas de ataques[7]. Así, la esquizofrenia en considerar a los pehuenches, puelchues y patagones tan ciudadanos como los que yacían al norte del Bío-Bío ? en palabras de Bernardo O’Higgins ? y, a la vez, sostener su eliminación, nos entrega el A.D.N. del conflicto.

El control del territorio político como síntoma de la soberanía es la constante, su explotación económica se renueva. La exploración paulatina de los incas seguida de una conquista solapada de los españoles comparte los mismos designios que la dominación y exterminio republicanos o la destrucción privada del empresario, pues la intención en la relación estado-mapuche no asigna una armonía con el entorno geográfico e ideológico, sino más bien, la interposición de una civilización so pena de destruir el legado ancestral.  

Las armas utilizadas por las clases dominantes han sido diversas. Si bien la violencia se encuentra en la cúspide de aplicación, no es menos cierto que a partir de la consagración del Estado, “[e]l progreso aportado por el siglo XVIII consiste en que ahora la propia ley  se convierte en vehículo de esta depredación de los bienes del pueblo”[8], que claramente encaja en una ex-propiación hipócrita, que en la actualidad se defiende con títulos hereditarios, inscripciones de dominio, en síntesis, justos títulos por sobre la permanencia histórica de comunidades anteriores a lo que entendemos hoy por Estado chileno. Este fenómeno de violencia usurpadora, que por razones obvia es posterior al realizado en Europa, toma mayor fuerza durante las tres primeras décadas del siglo XX: “[s]e calcula que en los primeros cincuentas años de este sigo, casi un tercio de las tierras concedidas originalmente en mercedes, fueron usurpadas por particulares”[9], articulando enormes reclamos ante los tribunales de la zona.

El ascenso del gobierno de Pedro Aguirre Cerda abrió espacios de esperanza en el trato social, cuestión que los mapuches no estuvieron ajenos. Un Frente único Araucano, que agrupaba a dirigentes mapuches, académicos y jóvenes entorno al PS. Su importancia fue radical en la organización del descontento mapuche que, tras diversos viajes a Santiago y manifestaciones públicas, buscaron el apoyo del Frente Popular. Esta agrupación, allá por el año 41, ya comenzaba a exigir un petitorio que incluía, entre otras cosas, la restitución de todas las tierras usurpadas. Sin embargo, fue con Allende donde comenzó una verdadera política restaurativa de derechos territoriales mediante la dictación de una Ley Indígena (1970).

El retorno de la democracia genera espacios institucionales al tema. La estabilidad política de la época, máscara de una democracia tutelada, refuerza la idea del ejercicio ciudadano. En lo particular, el desvelo represivo en las exigencias sociales, en el desarrollo de la transición, extiende el debate público, incluso en las calles (el mismo triunfo del NO es un ejemplo). La liberación, en alguna medida, de la información permite identificar en esos tiempos la relación del Estado con un grupo ya organizado en clave institucional. Así, el Consejo de Todas las Tierras expone su faz de relevancia pública actuando con tomas pacificas producto de sus reivindicaciones. Sin duda, la autoridad de turno, cautos –por no decir atemorizados- de un golpe de mesa por parte de los afectados, es decir, la burguesía de siempre, considera internar en el inconsciente colectivo la necesidad de aplicar la Ley de Seguridad Interna del Estado ante un problema de <seguridad>. De este modo, nace el sujeto usurpador del amparo del estado de derecho, el bien común que, por cierto y en ningún caso víctima, sino que victimario de un conflicto.

Más allá que un conflicto: la (ir)responsabilidad del Estado.

Para estos efectos, el continente común que utilizan los involucrados ?comunidades, privados, estado? del cual emanan los significados y definiciones es el derecho. Por más que las ciencias sociales aporten sustento empírico sobre lo que podamos determinar o no en lo social, las políticas públicas y la legislación chilena, puntal institucional al momento de sobrellevar el <conflicto>, esconde intereses ajenos a la causa mapuche. Desde luego el sistema binominal, extranjero en el campo de la representación, y el diseño de delegación de poder autónomo, impide a las comunidades participar en la configuración de regulación concerniente a la naturaleza indígena. Esta carencia de representación en la legislación nacional, desmedido a los últimos esfuerzos por robustecer el cuerpo normativo (p. ej. Convenio N° 169 de la OIT), decanta en el uso de estatus jurídicos predeterminados. Y la cuestión no es menor si pensamos que producto de esto la aplicación de la conocida Ley Terrorista posee mayor fuerza que la normativa internacional.

De este modo, las palabras expresadas por Bartolomé Clavero, Vicepresidente del Foro Permanente de Naciones Unidas para las cuestiones Indígenas, en el marco del Seminario Sobre Aplicación del Convenio 169 de la OIT en Chile, realizado en el 9 de Agosto, son acertadas. Clavero, señaló que configurar “una Reforma Constitucional en Chile que no considere como cuestión clave la autonomía política, además de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, evidentemente no estaría cumpliendo con el Convenio 169”[10], ya que en el origen existe aquel reconocimiento. La situación, entonces, es más profunda que las respuestas otorgadas, a la fecha, por la Administración. En efecto, la especulación jurídica entorno a la realidad indígena permite fragmentar los estándares con que tratamos a los involucrados, disponiendo los recursos del Estado, en particular, la justicia, según sea la gravedad del asunto. Zanjar, por ejemplo, si por comuneros entendemos terrorista o luchador social al participar en actos de protesta social es fundamental al momento de aplicar cual o tal norma.

El círculo vicioso del desconocimiento provoca la utilización de aparatos represivos como mecanismo de respuesta ante las reivindicaciones. Agotados los espacios institucionales de reclamación, firmes ante el silencio público, adelante con su causa, “[e]l derecho de resistencia aparece entonces como la última carta posible, a jugar por la ciudadanía, en situaciones de alineación legal”[11]. Gargarella entiende por alienación legal la “situación en donde el derecho no representa una expresión más o menos fiel de nuestra voluntad como comunidad sino que se presenta como un conjunto de normas ajenas a nuestro designios y control, que afecta a los intereses más básicos de una mayoría de la población, pero frente al cual ésta aparece sometida”. Cabe señalar que la idea de mayoría está sujeta al entendimiento de  un conjunto de personas que, incluso, pueden constituir una minoría en la población. Lamentablemente, el pueblo mapuche cumple con todo este análisis.

La cifra de mapuches adultos, jóvenes y niños que han sufrido el hostigamiento de fuerzas policiales es difusa. La cantidad de retenidos, detenidos, procesados, golpeados, interrogados, maltratados, muchos de estos actos ilegales, tiene en la mira al poder judicial y político, quienes ejercen sin distingo sus ansias de <integración>.  Como bien ha señalado Tito Tricot, “el Estado está decidido a hacer con los mapuches lo que no ha sido capaz de hacer con los militares responsables de violaciones a los derechos humanos: encarcelarlos”[12], y de paso, solucionar así el tema. Esta lógica produce y reproduce el distanciamiento y defensa de las comunidades frente al atropello constante de sus derechos. La cárcel, en cuanto a que solución, “comunica un tipo de poder que la ley valida y que la justicia utiliza como su arma preferida”[13], gozando de toda legitimación social. El estado de derecho, en boga durante estos días, insiste presentarse en algunos casos y esconderse, tras la mejor estrategia comunicacional, en un simple llamado de teléfono. Este mismo estado de derecho hace oídos sordos ante la muerte de 4 comuneros muertos por Carabineros de Chile, limpiándose las manos en una justicia militar propia de dictadura que, lejos de asistir con justicia, blanquea los procedimientos ilegales en el más absoluto secretismo, violando de este modo las garantías de un debido proceso y, en consecuencia, de un acceso a la justicia a la altura de una sociedad democrática.

Por de pronto, el conflicto es, entonces, entre la negación de entrega de predios considerados ancestrales, la explotación de estos mismos por parte de la ejecución de mega proyectos versus la negativa de los mapuches a abandonar su madre tierra. No se trata de que no se quiera respetar los derechos de las comunidades ? diría el más aventurado ?, sino que, por el contrario, la población en su conjunto, léase Chile con excepción de los mapuches, tiene el derecho de acceder a mejores estándares de vida que se obtienen, precisamente, de la inversión que se encuentra paralizada por estos grupos que provocan inestabilidad en la región: y aquello no puede esperar. La necesidad de inversión exige, de este modo, garantizar la zona (suena a pacificación ¿cierto?) mediante la fuerza policial. Esta, a su vez, responde a los designios de latifundistas que,  a propósito del daño a su propiedad privada, reclaman justicia. Los Tribunales, abrumados por las estrategias jurídicas, trabajo de fiscales ad hoc al tema, dejan entrever el coqueteo entre derechos y derechos, siempre con la presión social ?que de social tiene que se discute en las mejores mesas. La prensa, ávida de (des)información, expande la protesta social señalando nexos con la FARC, incluyendo en su análisis el poder bélico de las comunidades, provocando silencio a la huelga de hambre.

Y…en qué estamos?

La solución a la problemática mapuche, que tanto indígena es, pasa por inferir una política institucional que permita, por una vez, consagrar los espacios necesarios para el desenvolvimiento de todas las comunidades indígenas en nuestro país. Aquello significa configurar un trato que permita autodeterminación, desarrollo cultural, garantías sociales (educación, salud, trabajo) y autonomía: aspectos que son desplazados por el afán de atribuirles características modernas a un lenguaje ancestral y místico.

Queriéndolo o no, la mística mapuche ha sido ahogada por avances de la modernidad que ha obligado, a punta de desempleo y pobreza, una inmensa migración de comuneros a latitudes que puedan ofrecer mejores condiciones de vida. Para aquellos que se mantienen en sus tierras, el peligro de la situación “está dada por la acción depredadora de esta sociedad, que es a la vez invasora, usurpadora e impositiva: invade los espacios físicos y socioculturales de cada pueblo originario, usurpa sus bienes materiales, desde la tierra y el agua mismas hasta los derechos legales de uso, goce y disposición de minerales, vegetales y animales del territorio indígena, e impone su propio aparato legal y cultural”[14].

Desde luego existen avances en la materia. La ratificación del Convenio 169 de la OIT es un rasgo distintivo en esta situación. Su puesta en práctica ha traído a colación a este debate sentencias en la protección de los derechos propios de los indígenas, particularmente los mapuches, en lo que respecta a la participación en la consulta previa consagrada en los art. 6 y 7 del Convenio. Aducir que el estado chileno no puede incumplir sus compromisos internacionales, so pretexto de la norma interna[15]; diferenciar los mecanismos de participación ambiental del derecho a consulta[16], sostener que la ausencia de la opinión a las comunidades involucradas es argumento para impugnar una calificación ambiental[17] o entender que la consulta a las comunidades constituye un elemento importante para ejercer legítimamente un acto administrativo, como lo fue el caso de la tala de árboles sagrados[18] son ejemplos del esfuerzo de tribunales del sur por invocar el Convenio y tutelar de manera efectiva los derechos.

Sin embargo, aquel trabajo jurídico no se condice con las expresiones vertidas en el procedimiento constitucional que contempló la incorporación de este Convenio que data desde 1989 y que recién en 2008 nuestro país comprendió su importancia. En su oportunidad, el Tribunal Constitucional expresó en su pronunciamiento Rol 309-2000, a propósito del requerimiento de constitucional presentado por parlamentarios de la derecha contra todo el texto del Convenio, las opiniones vertidas por autoridades de gobierno de la época como el Ministro José Antonio Viera-Gallo (actual Ministro del TC), el Subsecretario del MIDEPLAN y el Director Jurídico de la Cancillería, cuyas opiniones iban en la línea de considerar las obligaciones del Convenio como compromisos programáticos: aspiraciones cuyas realizaciones deben realizarse en la medida de lo posible, estándar fundamental en los acuerdos políticos de la Concertación. Estas declaraciones, 8 años después, son reasumidas en el voto recurrente del Ministro Navarro[19], dejando claro el peso que tiene para el TC los derechos del Convenio.

Al parecer, y así lo ha demostrado la historia, “[c]uando no se sabe bien qué hacer con este asunto, se forma una comisión, se podría ironizar”[20], lo que no deja de ser cierto. Las negativas de los gobiernos a entablar relaciones con la dirigencia mapuche, siempre pasa por no aceptar las medidas de presión por parte de estos últimos, situaciones que tienen por naturaleza el devenir de una sistemática represión e inoperancia de las medidas estatales en solucionar el tema. Esta dualidad cíclica de violencia y exclusión, compone una lógica histórica que permite insistir en resolver el tema mediante la justificación de los elementos del estado de derecho, es decir, ley, cárcel y represión ante la desesperada voz del pueblo mapuche, pues, como diría Gandhi son violentos porque están desesperados.   

Así las cosas, y recordando la lucha indígena de otras latitudes, descifrar y diferenciar la violencia utilizada producto de la desesperación, es un resultado de aquella que se ejerce desde abajo. La imposibilidad de resaltar las demandas colectivas que con justa razón reivindica la comunidad mapuches refleja, desde luego, la otra cara de la moneda que la constituye la violencia de quienes utilizan el presupuesto de una nación para dirigirla en contra de un porcentaje de la población, motivados por resguardar los intereses de una clase dominante. Mantener la moral, aún con el ataque concreto a familias, e incluso dentro de los recintos penitenciarios, es una postura que debe mantener inquieto a todo aquel que entiende la esencia de la causa mapuche. Desvincularlos de la era actual analizando solamente una lucha por la tierra es ver la mitad del problema: es su cultura la que se encuentra en franca debilidad. “Con ese doble desafío, defendiendo su cultura y dibujando además una pista importante para encontrar las formas de organización necesaria al milenio que comienza, los mapuches participan, in actu, en las mismas luchas que los zapatistas de Chiapas, los campesinos brasileños del movemento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, y en los del conjunto de la especie humana interesada en la sobrevivencia del planeta”[21], lo que, sin duda, convierte a los mapuches en luchadores sociales.

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Bibliografía.

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En la web.

Centro de Políticas Públicas. Disponible en www.politicaspublicas.net

Van Bebber Ríos, Rodrigo Andrés, “Estado-Nación y “conflicto mapuche”: aproximación al discurso de los partidos políticos chilenos”. Disponible en http://www.mapuche.info/mapuint/vanbebber021000.pdf.

[2] Van Bebber Ríos, Rodrigo Andrés, “Estado-Nación y “conflicto mapuche”: aproximación al discurso de los partidos políticos chilenos”, p. 2. Disponible en http://www.mapuche.info/mapuint/vanbebber021000.pdf. Citando a Bengoa, José 1999[a] Historia de un Conflicto. El Estado y los Mapuches en el Siglo XX Santiago: Planeta.

[3] Ruíz R., Carlos. Síntesis histórica del pueblo mapuche (Siglos XVI-XX) En: De la Fuente, Víctor. Historia y luchas del pueblo Mapuche. Editorial Aún Creemos En Los Sueños. Santiago. 2008, p. 64.

[4] Massardo, Jaime. La sorprendente modernidad de la lucha del pueblo mapuche. En: De la Fuente, Víctor. IBID, p. 51.

[5] Cfr. Bengoa, José. Historia del pueblo mapuche (Siglo XIX y XX). Lom Ediciones. Santiago. 2008. 

[6] Bengoa, José. Historia de un conflicto. Los mapuches y el Estado nacional durante el siglo XX. 1era. Ed. Editorial Planeta Chilena S.A. Santiago. 2007, p.32.

[7] Cfr. Bengoa, José. OP. CIT., 2008, p.  220.

[8] Marx, Karl. El Capital: Crítica de la economía política. Fondo de Cultura Económica, México, 2001, p. 616.

[9] Bengoa, José. OP. CIT., 2008, p. 367.

[10] Centro de Políticas Públicas. 2010. <En World Wide Web: http://www.politicaspublicas.net/panel/c169noticias/679-reporte-seminario-c169.html> [18 de agosto de 2010]

[11] Gargarella, Roberto, “El derecho a la Protesta. El primer derecho”. Editorial Ad-hoc, Argentina, 2007,  p. 235.

[12] Tricot, Tito. La lucha del pueblo mapuche. 1era. Editorial Ilwen ediciones. Valparaíso, Chile. 2006, p 410.

[13] Foucault. Michel. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. 34ª ed. Editorial Siglo Veintiuno Editores, México. 2005, p. 309.

[14] Ruíz R., Carlos. OP. CIT., p. 67.

[15] Sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, Rol 1705/2009.

[16] Sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol 36/2010.

[17] Sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Rol 243/2010.

[18] Sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, Rol 289/2010.

[19] Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N° 1050-08

[20] Bengoa, José. OP. CIT., 2007, p. 174.

[20]Massardo, Jaime. OP. CIT., p. 56.

[21]Massardo, Jaime. OP. CIT., p. 56.

La celebración de estos 200 años de “independencia”  trae consigo la invisibilización de los actos mas horrendos de la historia colonial y republicana como la matanza de Santa María de Iquique de 1907, los innumerables golpes militares, el genocidio selectivo y masivo contra conciudadanos entre muchos otros que hacen referencia a la imposición político-económica de actores extranjeros como los españoles, los ingleses en la época del salitre y los estadounidenses con la Doctrina Nacional de Seguridad, justificando la modernización y el progreso social. Mismo espíritu del que hacía gala el patriotismo y heroísmo con que nuestros valientes soldados luchaban en la Guerra del Pacifico, violando y arrasando con los peruanos y bolivianos de la misma forma que los ibéricos hicieron con nosotros. Dirán que fue para la obtención de un terreno fértil y auspicioso para la economía nacional, sin embargo las entradas iban a parar a la aristocracia colonial y a la emergente oligarquía criolla de aquella época. Simplemente una vez que los españoles vaciaron nuestros lavaderos gracias a los esclavos, debieron superar la servidumbre como mecanismo de producción, para crear la encomienda y el inquilinaje como modelos precapitalistas de relaciones patronales frente a sus subordinados. Posteriormente desarrollarían sistemas de asalariado y jornaleros donde ya existía una retribución económica, igual de deshumana, pero que finalmente iba marcar el camino hacia la génesis del capitalismo en Chile. A diferencia de Europa que desarrolló un modelo esclavista-feudal- industrial, en la mirada mas etapista del marxismo, la historia de la “evolución” de Latinoamérica y en consecuencia de Chile, se llena del despojo extranjero y de una asimilación criolla al carácter feudal de Europa, que no es mas que el robo de tierras para la instauración de un sistema latinfundista que ve su ocaso recién en la reforma agraria de Frei y Allende. El engranaje agrícola y minero de la colonia mas la relación de servidumbre entre el patrón y el peón, es lo que distingue al siervo del señor feudal de Europa, que mas adelante se convertirá en burgués y guiará una revolución. Acá, por el contrario el peón, se sume a los intereses de la elite chilena, librando batallas ajenas y sin beneficios para quienes las luchan. Tal es el caso del “Roto Chileno” que en la etapa de la reconquista tuvo una fuerte participación reivindicativa y contraria a los designios de la monarquía española y que además se unía a la lucha de Manuel Rodríguez, es decir que existió conciencia de clase suficiente para alzar las demandas populares por parte de los mismos actores con masiva y potente resistencia. Sin embargo el día del Roto Chileno que se celebra el 20 enero, tuvo en dicha fecha para el año 1839 la victoria sobre el ejercito confederado Perú-Boliviano, considerándose así como una de las batallas mas sangrientas que registran los anales de la historia americana, falleciendo 1.400 muertos del ejercito protectoral. La infantería chilena se componía mayoritariamente por personas consideradas rotas, es decir por soldados rasos sin ningún tipo de preparación, mas que el coraje por defender a una nación, para posteriormente volver al maltrato de la encomienda o servilismo agrícola o minero, es decir a la misma miseria en que se encontraban antes de luchar por su nación. Que desazón debe provocar en un patriota esta suntuosidad histórica, que más penas que celebraciones otorga a nuestra gente. Tan es así que los llamados padres de la patria, aquellos cuyos nombres la burguesía pretende inmortalizar, aquellos que en los campos de batalla dirigieron al pueblo-soldado para pelear y desalojar al español de esta tierra, una vez terminada la guerra y consolidada la independencia, ni siquiera pensaron en dar al proletariado la misma libertad que ese proletariado conquistaba para los burgueses reservándose para si la misma esclavitud en que vivía[1].

Hechos que cubren nuestra bandera con sangre, como el lamentable accidente minero ocurrido el pasado jueves que amplía la cifra a 24 tragedias – solo mineras, ya que también las hay en otros rubros como la construcción – en menos de 5 años, donde personas de esfuerzo y humildad, dan sus vidas para otorgar subsistencia a su familia. ¿Tan alto es el costo de la modernización y del progreso económico?¿Seguiremos pagándolo con vidas de nuestro pueblo? Estos vejámenes acaecidos, que como compatriotas tenemos la facilidad de olvidar, representa nuestra displicencia idiosincrática heredada del mestizaje, guiada por una evangelización a punta de revolver que marca nuestra histórica y actual sumisión económica ante el extranjero y la concesión del poder político a una nobleza-elite que administra en razón de los intereses foráneos, pasando a llevar a nuestros vecinos y a nosotros mismos. Sin duda que los tiempos han cambiado, pero lo que no cambia es la actitud servicial del trabajador chileno, quien sigue permitiendo abusos laborales y maximizando la productividad de alguien que jamás se lo retribuirá de justa manera. No obstante este obediente comportamiento idiosincrático, lo que cierne la esperanza son pequeños focos de resistencia como la de Michimalongo en 1541, Lautaro en 1553, la tozuda resistencia del pueblo mapuche, posteriormente la Sociedad de la Igualdad, la Unidad Popular y recientemente la revolución pingüina. Es decir que ante toda adversidad siempre habrán movimientos sociales que interpelarán a la elite gobernante y hegemónica, sin embargo el dilema sigue siendo como transformarlo para que todos los sectores sociales sean fiduciarios sin exclusividad ni explotación de uno por sobre el otro, ni mucho menos a quienes más se les debe, que son los más abusados por la historia nacional, los trabajadores y excluidos de nuestro país.

Referencias, Véase Luis Vitale en “Interpretación Marxista de la Historia de Chile”, “Introducción a una Teoría de la Historia para América Latina” y Francisco Encina con Historia de Chile, tomo 22.

Rodrigo Silva Jerez[2]

Santiago de Chile

Junio – 2010

Resumen:

En el presente artículo se ofrecerá un análisis socio-histórico acerca del rol del Estado chileno en el desarrollo e implementación de políticas de bienestar social a lo largo el siglo XX y comienzos del siglo XXI. En primera instancia se realizará una descripción analítica del tipo de Estado que primó en Chile a lo largo del siglo XX. Luego se describirá el cambio estructural llevado a cabo por el régimen militar, se discutirá sobre las continuidades y/o rupturas que presenta el Estado con el modelo de desarrollo neoliberal impuesto bajo la dictadura, para finalmente -y a modo de conclusión- exponer brevemente algunas reflexiones derivadas del análisis de las políticas públicas formuladas en la actual “matriz de desarrollo mixta”, bajo los gobiernos de la concertación y el actual gobierno de derecha.  

Palabras Clave:

Estado de Bienestar – Estado Residual – Desarrollismo – Políticas Sociales – Neoliberalismo – Desarrollo Socioeconómico.

1.- Introducción

Los cambios de roles que ha asumido el Estado en Chile durante determinados procesos histórico-políticos no sólo han implicado variaciones en la orientación de las políticas públicas, sino que también han significado reformas en los modelos de desarrollo económico y social del país. Al observar desde una perspectiva socio-histórica la construcción del Estado en Chile durante el siglo XX es posible identificar distintos modelos de desarrollo y sus correspondientes visiones sobre el rol del Estado en el ámbito social y en el modelo económico-productivo. Al dar cuenta de los cambios políticos ocurridos en Chile en el último siglo, también se está describiendo la amplitud -o repliegue- de las funciones del Estado en la vida social, en el funcionamiento del mercado y de la forma de cautelar los derechos y garantías de los ciudadanos.

Al centro de la discusión sobre la función social que debe asumir el Estado se encuentra también la profundización, expansión y asentamiento del capitalismo -y su raíz ideológica, el liberalismo- en la sociedad chilena. El debate sobre el lugar que debe ocupar el mercado, las facilidades o “atajos” para su autorregulación y las modalidades para que los sectores más vulnerables se inserten en la sociedad, ha sido una discusión que data en nuestro país de principios del siglo XX hasta nuestros días, con énfasis en distintas coyunturas históricas nacionales e internacionales como la crisis mundial de 1929, los gobiernos desarrollistas, el golpe de Estado de 1973, el Consenso de Washington y la reciente quiebra de los bancos de inversión en Estados Unidos.  La precarización del rol de lo público en el contexto actual de un Chile inserto en la globalización financiera del capitalismo transnacional, actualiza la importancia de discutir la función del Estado como ente regulador de la economía, redistribuidor de riquezas y productor de bienestar social.

2.- El Desarrollismo y la Industrialización por Sustitución de Importaciones.

La historia del proyecto desarrollista en Chile estuvo condicionada por los avatares sociales y políticos de principios del siglo XX, donde las figuras y caudillos cambiaban frecuentemente sus alianzas políticas pero compartían la idea central del progreso industrializador del modelo desarrollista, en sus dos dimensiones, económico y social. La clase política completa, a inicios de la década del 20′, asumió este tipo de estrategia de desarrollo guiado por el Estado como el modelo económico a implementar para la modernización industrial y social del país.

            Durante el Gobierno de Alessandri Palma en 1924, se realizaron importantes reformas en el campo de la protección social. Se promulgó un primer conjunto de leyes que incluían políticas orientadas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los grupos de presión emergentes, grupos que correspondían a los primeros movimientos obreros que exigían leyes de esta índole. Estos cuerpos legales tenían como finalidad regular: “los contratos de trabajo, los sindicatos, el derecho a huelga y las indemnizaciones por accidentes de trabajo”[3]. Esto generó también, entre 1924 y 1925, la necesidad de establecer impuestos a las rentas y el impuesto global complementario con tasas progresivas. Del mismo modo, las nuevas leyes requirieron la creación de nuevas instituciones y el aumento del personal, con el consiguiente incremento del gasto fiscal en el área social[4].

En 1925 se dictó una nueva Constitución mediante la cual se estableció un sistema Presidencialista Democrático, terminando con el régimen parlamentario que generó fuertes crisis institucionales a finales del Siglo XIX. Por medio de esta nueva legislación se instauró una base institucional para el desarrollo de los posteriores procesos sociales que ayudaron a constituir la llamada “matriz sociopolítica clásica” [5] basada en elementos como una institucionalidad económica relativamente moderna, democratización política y protección social al amparo del Estado[6].

En 1929 la llamada “Gran Depresión” internacional afectó a Chile de forma violenta, más que a otros países de América Latina y el mundo. En Alemania se había creado el salitre sintético en 1913, por lo que la cuota de mercado y las ventas de ese mineral tuvieron una gran disminución hasta volverse casi nulas. Esto destruyó por completo la economía chilena, la cual de por sí era bastante frágil. Los efectos de la crisis impulsaron al Estado a abandonar el modelo de crecimiento hacia afuera que era el dominante hasta la época[7]. La estrategia elegida para sortear la crisis fue la “Industrialización por sustitución de importaciones” – en adelante ISI-. Este modelo  constituyó una política económica proteccionista, bajo la cual se aumentó el precio de los productos extranjeros estimulando su sustitución por productos nacionales, de modo que la ampliación de la demanda incrementara la industria del país y por ende las fuentes laborales. En Chile la adopción del ISI implicó la disminución de las importaciones desde Europa lo que fue acompañado de políticas de expansión de la demanda interna y control del tipo de cambio. Durante este período se produjo un fuerte estímulo a la industrialización y al desarrollo de las instituciones del Estado Chileno.

Con los gobiernos del Frente Popular desde 1938 a 1952, se inició una etapa sólida de reformas sociales y crecimiento industrial con políticas destinadas a generar una base de infraestructura estatal para la producción. Mediante la creación de la CORFO en 1939 se elaboró un sistema de protección social para la clase obrera y media. Entre 1940 y 1953, la industria creció en un promedio de 7.5% al año, llegando a aumentar su participación en el PNB de un 7.9% en 1929 a un 23,0 % en 1955[8].

El impacto del modelo ISI en la estructura productiva del país, generó un tímido desarrollo industrial que permitió elaborar productos internos que antes eran importados. A partir de estas nuevas fuentes laborales se produjo la expansión de una clase media de funcionarios y trabajadores asalariados, la cual a través del consumo se transformó en el principal motor económico que estimuló el mercado interno de la economía chilena. El Estado potenció por tanto una política social de carácter mixto, que favorecía por un lado a la protección del trabajador asalariado y por otro a la creciente clase media.

El aumento del gasto estatal en servicios y prestaciones sociales generó toda una institucionalidad encargada de gestionar la política social a través de ministerios y servicios públicos como forma de enfrentar la problemática social. En la primera mitad del siglo XX las políticas económicas y sociales desarrollistas del Estado chileno lo transformaron en el principal actor, tanto de la industrialización del país, como de la promoción de su trascendental cambio social[9]. Este rol estatal alcanzó su clímax hacia el fin de los años 1960 y principios de los 70, cuando encabezó las profundas reformas y transformaciones revolucionarias que tuvieron lugar en ese momento.

Hacia fines de los años cincuenta el ISI comienza a colapsar. La inflación y el desempleo fueron signos de severos problemas producto de la aplicación de las medidas proteccionistas sobre la economía, que a pesar de mostrar índices de mejoramiento en cuanto a la calidad de vida y acceso a los servicios en la población, auguraba para este modelo un muy mal escenario futuro.

3.- La Consolidación de las Políticas de Bienestar.

Durante el mandato del Presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) el gobierno incorpora la redistribución del ingreso como uno de sus objetivos prioritarios. Para alcanzar esta meta se expandieron los beneficios y se incorporó a sectores tradicionalmente marginados, como lo eran campesinos y sectores urbanos pobres[10]. Como consecuencia, el gasto público social se duplicó en términos reales, y alcanzó a cerca del 20% del PGB en 1970[11]. Además se fomentó la industria de las telecomunicaciones y la industria petroquímica, y se dio comienzo a un proceso de reforma agraria y nacionalización o “chilenización” del cobre que más tarde concretaría el gobierno de la Unidad Popular (UP).

El gobierno del Presidente Salvador Allende Gossens (1970-1973) tenía un espíritu eminentemente anticapitalista. El programa económico de la UP se enfocó en una política redistributiva en pos de la democracia económica, basada en cambios estructurales en la propiedad mediante un programa de nacionalizaciones dirigido a la gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón; la banca, el comercio exterior y los monopolios estratégicos. La transformación de la estructura productiva, planteada por el gobierno de la Unidad Popular, encontró en CORFO una herramienta efectiva para la realización de una amplia política de estatización de empresas de las más diversas áreas, llegando la institución a controlar más de 500 unidades productivas hacia 1973. Por otra parte se redujeron las tarifas de los servicios públicos y aumentaron los salarios mediante emisión de circulante del Banco Central provocando una fuerte inflación que llegó a un 293% en 1973[12].

En el  periodo transcurrido de 1964 y 1973, el Estado fue el responsable de generar la oferta de los bienes y servicios básicos como educación, servicios sanitarios, sistema de salud y construcción de viviendas, y a la vez, incentivó la demanda de estos bienes y servicios mediante la concientización de la población acerca de la importancia social de extender los bienes y servicios básicos a las clases populares y sobre el derecho de la ciudadanía a demandar al Estado por su provisión. El Estado juega un rol integrador, que acoge las demandas sociales y si bien no logra superar totalmente la pobreza ni las desigualdades, “instaló nociones de solidaridad, compromisos colectivos y proyectos compartidos, todo ello en el marco de un clima y sentimiento de amparo estatal”[13]. En este periodo el Estado chileno se organiza adoptando la lógica de la planificación económica. Se establecen mecanismos de regulación, se estimulan y se acepta la organización de la sociedad civil y una serie de formas de consenso y colaboración entre los principales actores productivos, creando una suerte de Estado de Bienestar. Para Jesús M. Gómez “la manifestación más clara de la consolidación del Estado del bienestar es su propia configuración como “economías mixtas”, en donde coexisten un sector privado, en el que el mercado domina como mecanismo asignador, y un sector público con una actividad intervencionista más o menos intensa”[14]. Aquí se pueden diferenciar los modelos económicos de Europa, que claramente apuestan por una presencia mayor del Estado, y las economías de Estados Unidos y Japón, con una presencia estatal mucho más débil.

Durante este periodo el país vivió un proceso de rápido crecimiento ligado al modelo ISI, que propiciaba el desarrollo social debido a la creciente participación que adquirió el Estado, principalmente en el ámbito de la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Algunos indicadores que dan cuenta de los avances sociales de este periodo son la disminución de la tasa de analfabetismo, extensión de la cobertura de la educación básica, profesionalización de la atención de salud, disminución de la mortalidad infantil, entre otros. La economía creció asimismo a un ritmo constante, a lo largo de todo el período desarrollista, culminando en el ciclo económico 1958-71, que mostró el crecimiento del producto interno bruto más acelerado del siglo, que no sería superado sino en los años 1990[15].

Al término de la década de los 60′s y comienzo de los 70′s, se podía evidenciar un marcado contraste entre los avances en el plano social por la consolidación de las políticas de bienestar, con un desbarajuste macroeconómico que se reflejaba en una enorme inflación que disminuía el poder adquisitivo de las clases medias y principalmente de los sectores populares. El aumento del gasto social sumado a un gestión económica ineficiente para generar recursos fiscales necesarios para el financiamiento de dichas políticas, fueron creando periódicos descalabros macroeconómicos que desembocaron en un déficit estructural de la economía chilena.

4.- La Dictadura Militar y el Desmantelamiento de las Políticas de Bienestar Social.

Las contradicciones internas arrastradas por el modelo ISI, se vieron agudizadas con una nueva crisis económica y comenzaron a hacer inevitable el declive de esta política económica. La crisis del Estado de Bienestar europeo -que era el referente socialdemócrata del ISI-, el decaimiento de los regímenes socialistas y la irrupción del enfoque neoliberal llevaron al Estado a su expresión mínima, como ente regulador subsidiario de las fallas del mercado. El rol estatal pasa centrarse en focalizar la pobreza y apoyar sólo a quienes no pueden acceder a los beneficios que genera el crecimiento.

La inflación y los conflictos sociales hicieron que se fortaleciera la idea en algunos sectores sociales -principalmente de derecha- de apoyar el advenimiento de un gobierno militar, ya que veían en ellos la oportunidad perfecta de avanzar hacia la instalación definitiva de una economía que respondiera al paradigma neoliberal. Así, el 11 de septiembre de 1973, mediante un golpe de estado conjurado por los grupos oligárquicos con intereses económicos, las Fuerzas armadas y la CIA, se instauró un régimen militar, institucionalizado en una junta de gobierno encabezada por el Comandante en Jefe del ejército, el General Augusto Pinochet.

En los primeros años del gobierno militar surge la necesidad de realizar un proceso de ajuste estructural y de estabilización económica, característico del modelo neoliberal y que se define por la necesidad de mantener equilibrios macroeconómicos, reducir la inflación, retirar el Estado de la actividad productiva y aumentar la participación privada, incrementar las exportaciones como motor de la economía, acrecentar competitividad interna de las empresas y modernizar aparato del Estado. Se aplicaron medidas para controlar la inflación, las que tuvieron como consecuencia una reducción del 30% en el gasto fiscal. Asimismo, se comenzó a desmantelar el aparato estatal sobre todo el sistema empresarial estatal por medio de privatizaciones, inclusive de algunas áreas tradicionalmente pertenecientes al Estado como es el sistema de pensiones y la atención en salud[16].

El gobierno militar dio un giro totalmente opuesto al modelo ISI, al iniciar una política de privatización, amparadas por la ideología neoliberal hegemónica en la década de los 80′ que se expresó en la aplicación de las políticas diseñadas por el “Consenso de Washington” que proponía una receta para alcanzar el desarrollo si es que se cumplían condiciones como la reducción del Estado, la liberalización financiera, la desregulación de los mercados, las privatizaciones de empresas estatales y la convertibilidad monetaria. Estos cambios -que en Chile se aplicaron al pie de la letra-, transformaron radicalmente el rol del Estado modificando la relación entre este la sociedad, la cultura, el sistema político y el mercado, tomado este último un papel preponderante, como el eje orientador de las direcciones de las otras dimensiones.

Esta ola privatizadora comenzó por devolver gran número de las empresas estatizadas por la UP a sus antiguos dueños y culminó con el traspaso al sector privado – a precios de quiebra- de grandes empresas públicas como ENDESA y ENTEL entre otras.

Con respecto al proceso de reforma agraria iniciado a fines de los 60, bajo la dictadura militar terminó en una contrarreforma impulsada por un régimen que trató de borrar lo logrado por los gobiernos de Frei Montalva y Allende, despojando a muchos asentados de las tierras ganadas, para restituirlas a los antiguos dueños latifundistas y persiguiendo brutalmente a los dirigentes campesinos que se habían atrevido a desafiar el poder de la hacienda patronal.

La apertura desmedida de las fronteras económicas bajo la dirección de los “chicago boys”-grupo de jóvenes economistas formados en la Universidad de Chicago y seguidores de la política monetarista de  Milton Friedman- tuvo como consecuencia temprana el endeudamiento externo del Estado chileno que hizo caer a la banca con la crisis de la deuda mundial. La prioridad macroeconómica de estabilización de las arcas fiscales contrajo el gasto en términos de políticas públicas. Se propugna el crecimiento económico como la fórmula que llevará a convertir a Chile en país desarrollado. En los años siguientes y como resultado de la reestructuración económica -que entre otros efectos tuvo altas tasas de desempleo, inflación y caída de los salarios reales- se implementó la llamada red social que consistió en un esquema de concentración de los recursos en las áreas consideradas prioritarias: madre-niño, nutrición y extrema pobreza, dejando a los otros sectores sociales excluidos de las políticas sociales del Estado.

Este cambio fundamental en el rol del Estado se tradujo en una serie de cambio en las políticas públicas que se pueden resumir en las siguientes[17]:

• Drástica reducción de recursos, afectando con particular intensidad vivienda, salud y educación (y dentro de ellos, las mayores reducciones en inversión y remuneraciones para el personal en esos sectores).
• Transferencia de funciones ejecutivas y reubicación de servicios al sector privado y desconcentración geográfica de ministerios y servicios.
• Introducción de mecanismos de mercado en la asignación de recursos públicos (subsidio a las demandas).
• Implementación de medidas concretas dirigidas a reducir literalmente los programas universales y focalizar los recursos públicos para ser gastados en los segmentos más pobres de la población.
• Desarrollo de programas sociales compensatorios para situaciones de extrema pobreza.
• Debilitamiento del poder de los trabajadores y de los sindicatos con un estricto control de la expresión colectiva de demandas sociales.

Las reformas del régimen militar también tuvieron un carácter administrativo. “En cierto sentido se trató de cambios que respondían a la concepción “weberiana” de la época en materia de la administración del Estado, por la centralización de decisiones claves y las rigideces administrativas y estatutarias…() Por otro lado, la descentralización en la prestación de numerosos servicios llevó a una municipalización poco democrática, ideologizada y con escaso criterio de realidad, cuyos efectos persisten hasta hoy”[18]. Por tanto, se trató de una transformación estructural del modelo administrativo clásico, en que se redujo el aparato burocrático, se incorporó al mundo privado en la gestión pública, y se restaron atribuciones al estado central por medio de una descentralización municipal.

            Fue en este contexto que se privatizó la previsión, surgiendo el sistema privado de pensiones, basado en la capitalización individual a cargo de instituciones con fines de lucro, las AFP. Se abrió paso a los seguros de salud privados, apareciendo las Instituciones de Salud Previsional -ISAPRES. Simultáneamente, se redujo el gasto social en este sector, lo que causó un enorme deterioro de los hospitales públicos.

Respecto de la educación, el Estado traspasó a las municipalidades los liceos y colegios que tenía el gobierno central y se permitió a inversionistas privados incorporarse al sistema universitario, surgiendo numerosas universidades que han asumido un rol muy importante en el desarrollo de la educación superior.

El modelo neoliberal de la dictadura militar asumía que el “costo social” era de carácter temporal y que debía ser enfrentado mediante políticas temporales y asistenciales[19]. Es decir, se basaba en la idea de que si se lograba una estabilización de la economía, inevitablemente esto redundaría en un desarrollo social satisfactorio de tal forma la política social solo cumple un rol paliativo frente a las crisis económicas de la época, focalizando su atención en los sectores de ‘extrema pobreza’ que se habían multiplicado por los efectos nefastos de las políticas neoliberales, creándose amplios sectores, principalmente en las periferias de las ciudades, donde la miseria y el descontento era el común denominador. Esta situación de precariedad económica fue formando un descontento generalizado en la población. Hacia finales de la década de los 80′s el régimen de Pinochet llamó a un plebiscito donde midió su fuerza contra la nueva coalición de partidos que buscaban el fin de la dictadura. El resultado fue favorable a aquellos que buscaban retornar a un régimen democrático.

5.- El retorno a la democracia y la “corrección” del modelo neoliberal.

El primer gobierno democrático post Pinochet, de Patricio Aylwin, definió la tarea nacional en términos de “transición a la democracia” y apuntó hacia la idea de una “Transformación Productiva con Equidad”, manteniendo los equilibrios macro-económicos y buscando corregir los efectos sociales del modelo económico.

Esta nueva fase de desarrollo buscó potenciar el tema social mediante una nueva relación entre Estado, mercado y sociedad, cimentando una nueva visión sobre las políticas sociales: “se inserta como un componente de la estrategia de crecimiento con equidad cuya función es asegurar la igualdad de oportunidades, superando la visión básicamente asistencial de las políticas sociales implementadas durante el régimen militar”[20]. Esta estrategia corresponde a un modelo de desarrollo económico, que se sustenta en dos ejes fundamentales: el mercado como principal forma de organización económica y un Estado esencialmente regulador de las imperfecciones del mercado. Este sistema constituye un modelo mixto -o híbrido- de Estado/Mercado, en que el Estado no pretende garantizar el bienestar de las personas sino que busca maximizar las oportunidades para que los individuos alcancen su bienestar sea cual sea la visión individual de bienestar que tenga[21]. Esto supone un cambio fundamental de lo que fue la noción misma de Estado durante la primera mitad del siglo XX en Chile, la cual presumía que el Estado era el encargado natural de proveer servicios sociales y garantizar el bienestar de las personas, así como el principal promotor del desarrollo.

En este periodo, al principio de los 90′, se retoman temas clásicos en el área social como la educación, el acceso a la justicia y la salud. La nueva tendencia es a operar mediante proyectos y programas, abiertos a ejecutores privados que se enmarcan dentro de la lógica de la modernización del Estado y la gerencia pública. Surge además como eje central el trabajo de políticas orientadas a igualar las condiciones de oportunidades, por lo que se generan nuevas metodologías de focalización y se integran actores, como el llamado “Tercer Sector” -Ongs, Agencias internacionales, voluntarios, entidades filantrópicas- a esta labor social la cual hasta ese momento era prácticamente monopolio absoluto del Estado. Se acentúa el trabajo de desarrollo local con énfasis en la participación de los beneficiarios y se ensayan nuevas fórmulas para traspasar la acción estatal desde lo asistencial a programas de tipo promocional, en los que se busca instalar capacidades y entregar herramientas para la autogestión de los sectores vulnerables. Para financiar estas políticas se implementaron reformas tributarias con la finalidad inyectar recursos al gasto social muy deficitario durante el régimen militar. Con esta inyección de recursos se fortalece el rol de la política social reorientándola desde un asistencialismo básico a una mejora de la cobertura y focalización de los recursos, como también a la entrega bajo criterios de calidad estandarizados y equidad de los servicios sociales básicos, priorizando los programas de inversión social.

En una primera etapa de esta transición las políticas públicas estuvieron orientadas para cubrir las brechas dejadas por el período anterior[22], a la democratización de los gobiernos municipales, a la mejora de las condiciones de trabajo en el sector público, a través de incrementos salariales y el reconocimiento y formalización de asociaciones de funcionarios. También se inició la modernización de algunos servicios, como Impuestos Internos, Tesorería, Fondo Nacional de Salud y el Registro Civil.

Posteriormente, durante el gobierno de Frei, se desarrollaron una gama de políticas públicas tendientes a modernizar la gestión pública, “incluyendo la calidad del servicio, la participación ciudadana, la transparencia, la probidad, la gerencia pública y la creciente incorporación de nuevas tecnologías a la gestión”[23]. Este énfasis económico se ha ratificado en el plano internacional con la firma de numerosos tratados de libre comercio y de cooperación tanto con países del MERCOSUR como con economías más desarrolladas como la de países europeos y asiáticos.

6.- Las políticas de bienestar social del Estado chileno en la última década.

Con el cambio de siglo, desde el año 2000 en adelante, se han generado nuevos enfoques para hacer frente a los problemas de pobreza y exclusión. Respecto a las estrategias para alcanzar el desarrollo, Chile ha ido avanzando hacia una “matriz de desarrollo mixta” -o híbrida- en la cual se combina el proyecto neoliberal orientado cada vez más hacia los grandes mercados internacionales -en los que Chile se ha incorporado mediante acuerdos de libre comercio-, con un aumento en el gasto social que tiene como propósito disminuir las brechas sociales.

Un enfoque conceptual, interesante para caracterizar el Estado chileno de las última décadas  es el propuesto por Titmus -citado en la obra Esping-Andersen- este diferencia entre Estados de Bienestar “Residuales” e “Universales o Institucionales”: “En los primeros el Estado solo asume la responsabilidad cuando ha fallado la familia y el mercado, procura hacerse cargo de los grupos sociales marginales o necesitados. El segundo modelo se dirige a toda la población, es universalista y abarca un compromiso institucionalizado de protección social”[24]. En el modelo de “Estado Liberal-Residual” las instituciones de protección social solo entran en acción cuando falla la familia y el mercado, en el “Estado de Bienestar Institucional” los servicios de bienestar son funciones normales del Estado en una sociedad industrial moderna, proporcionan prestaciones universales independientes del mercado, operando sobre el principio de necesidad. Este último enfoque redirecciona el énfasis dado al gasto público del Estado, para concentrarse en los contenidos de los programas sociales de carácter universal del Estado de Bienestar, haciéndose cargo de hasta qué punto el empleo y la vida laboral están siendo integradas en la ampliación de los “Derechos de Ciudadanía” por el Estado.

Dentro de los lineamientos de políticas públicas declaradas en los programas de gobierno de la Concertación y el gobierno de Piñera, se puede encontrar una tendencia

común enmarcada en una lógica de “Estado liberal-residual”, en el cual se privilegia el rol regulador del Estado en  el marco de reglas de libre competencia y por otro lado es un ente que promueve el estímulo y  fomenta las iniciativas privadas. Esta tendencia se puede evidenciar en el programa de Lagos en iniciativas como: “Fortalecer la base empresarial privada, entendiéndola como la principal fuente de crecimiento y empleo”[25]. En el programa de gobierno de Bachelet se aprecian medidas quese enmarcan claramente en la logica de Estado-liberal residual: “Se velará por mecanismos que aseguren la libre competencia y aumenten la innovación y los emprendimientos en la empresa privada. La nueva política de desarrollo contempla ampliar las oportunidades de acceso a las nuevas tecnologías para una mejor inserción y equidad en la Sociedad de la Información”[26]. Bajo esta perspectiva el Estado se limita a ser un agente  que incentiva al mercado para generar condiciones para que actividad productiva de los privados sea competitiva a nivel nacional e internacional. En el programa de Piñera el rol del mercado y principalmente de las iniciativas privadas son el eje principal en la estrategia para alcanzar el desarrollo. Se plantea que “los países que han alcanzado el desarrollo son aquellos que han permitido a sus ciudadanos desarrollar su libertad, capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor[27]”. Es por ello que políticas de orden asistencial como por ejemplo el ingreso ético familiar van acompañadas de políticas que fomentan el trabajo el trabajo y el emprendimiento como modificaciones a la Ley de Quiebras, capacitación, reducción de trámites y tiempos para la creación de empresas entre otras medidas.

Con respecto a las políticas de educación y salud, se puede apreciar cómo se combinan rasgos diferenciados y heterogéneos en cuanto al modelo de políticas públicas y el rol que asume el Estado. Por un lado un modelo liberal y por otro algunos matices y prestaciones de carácter universal funcionando articuladamente. La tendencia liberal se expresa en la presencia de los agentes privados, subsidiados por el Estado, en la oferta de servicios sociales (como salud y educación). Estos actores buscan el lucro y el beneficio económico en la prestación de estos servicios, generándose una demanda de los particulares por incursionar en actividades del ámbito de la educación (colegios particulares subvencionados) y de la salud (ISAPRES).

La tendencia universalista -pero solo en cobertura- en los modelos de política pública chilena, enfocadas al ámbito de la educación y la salud se expresa en una garantía de servicios mínimos asegurados a través de subsidios estatales. En el programa de gobierno de Lagos, propone una reforma a la salud que otorgue prestaciones de carácter universal, pero: “En el área salud el gobierno pretende establecer una carta de derechos y deberes en salud, que definirá la oportunidad y calidad de los servicios de salud que tendrán garantizados todos los chilenos (Plan Auge)”[28]. Por otro lado una oferta más amplia de servicios proveídos por el mercado para los sectores sociales que puedan acceder a ellos.

A modo de síntesis podría decirse que las reformas económicas del régimen de Pinochet tuvieron como consecuencia que Chile pasara de un tener un Estado fuerte cuyas políticas sociales eran de carácter universal a uno de carácter residual, donde la preponderancia la tiene el mercado. Los cambios impulsados por los cuatro gobiernos de la Concertación -desde 1990 en adelante- apuntaron a disminuir el carácter focalizado y residual que se les dio a los servicios sociales del Estado, pero en ningún caso a cambiar el modelo de desarrollo económico. El actual gobierno de derecha, en tanto, se ha propuesto continuar con las políticas focalizadas impulsadas por los gobiernos previos, como es el caso específico de la red de protección social,  pero no se plantea como objetivo ampliar la intervención del Estado hacia otros sectores sociales, ni mucho menos transformarla en una cobertura universal. Por el contrario, en el programa de Piñera se ha planteado como fórmula de desarrollo, la promoción y el incentivo de la responsabilidad individual, el emprendimiento y el esfuerzo personal, disminuyendo las trabas para aquello y otorgando apoyos focalizados, enfatizando en el concepto de “oportunidades” y restringiendo el concepto de “derechos”. Esto constituye un retroceso en la tendencia de los gobiernos de ir gradualmente ampliando los servicios sociales y un retorno a las ideas más puras del neoliberalismo.

7.- Conclusiones.

            Desde una perspectiva analítica se puede afirmar que el tipo de desarrollo que ha fomentado el Estado chileno desde el retorno a la democracia hasta la actualidad se podría caracterizar como una suerte de “Matriz Neoliberal Corregida” que reproduce un modelo de “Estado Residual” en el desarrollo de políticas de bienestar social.

            El modelo chileno de desarrollo económico implementado desde un Estado liberal-residual es profundamente excluyente de amplios sectores de la población. El caso chileno es expresión de dos modelos de desarrollo neoliberal en función de la globalización económica, diferentes entre sí, pero continuadores del mismo estilo de desarrollo avalado por el Estado. El primero implementado por Pinochet y que Castells llama autoritario-liberal-excluyente; y el segundo implementado por la Concertación y llamado por el autor liberal-democrático-incluyente[29]. Siguiendo posturas más críticas-  como la “tesis del transformismo” del sociólogo Tomás Moulián- se puede evidenciar  que las políticas seguidas desde 1990 serían una especie continuidad del modelo instaurado en el régimen militar, que correspondería a una “fase constitucional” de la dictadura después de 1980: “la Concertación no ha creado un proyecto, más bien administra con experticia el diseño de modernización del Gobierno militar, marcado por el sello neoliberal”[30]. Esto es la sobrevivencia del neoliberalismo de Pinochet en la democracia actual.

En la misma línea, Gabriel Salazar y Julio Pinto señalan de manera perentoria: “es un hecho que en materia de estrategias de desarrollo, los gobiernos de la Concertación han optado por mantener el curso adoptado por la dictadura…() pero con una mayor sensibilidad frente a las inequidades sociales”[31]. La estrategia neoliberal se consagró en Chile por la imposición de un modo de crecimiento basado en las exportaciones, que deprimió el consumo promedio y el gasto público, deterioró la distribución del ingreso y el consumo, que desreguló el mercado de bienes, estableció una relación salarial desregulada y un modelo de empresa ultra-concentrado y ninguno de esos elementos fundacionales de la dictadura fueron distintos en el modelo de desarrollo administrado por la Concertación: “Consecuentemente, parece justificado considerar ambos períodos como parte de la misma estrategia estatal de desarrollo que el país ha venido experimentando desde las últimas décadas del siglo XX, y que predomina hasta hoy.” [32] .

Aunque muchos políticos afirman que la transición hacia la democracia en Chile ha finalizado[33], esta idea es contraria a la opinión de muchos sectores de la sociedad, que todavía aprecian la existencia de ciertos enclaves autoritarios que son funcionales al funcionamiento del modelo neoliberal instaurado por la dictadura. Ejemplo de ellos son el sistema electoral binomial, las AFP, el débil papel de los sindicatos, precarizaron de la educación y salud pública, privatizaciones de empresas públicas y sin ir más lejos, la propia constitución política heredada del gobierno militar y solo levemente corregida durante el gobierno de Ricardo Lagos.

Estos elementos constitutivos de modelo de desarrollo chileno, infiltran las configuraciones de las relaciones entre Estado, sistema de representación / partidos políticos y base social, y al producirse un correspondencia entre estas dimensiones, evidencian un modelo neoliberal de “Estado mínimo/ Mercado máximo” heredado casi intacto de la dictadura, donde los cambios políticos no solo no lo ha modificado, sino a permitido su continuidad y su profundización, legitimándolo como una especie de “Vía Chilena al Desarrollo” y como único modelo económico “exitoso” posible de exportar para el resto de los países latinoamericanos.

Este modelo mantiene las relaciones de desigualdad entre los estratos socioeconómicos, ya que conserva y reproduce el status de los distintos sectores de la estructura social generando así una dualización en el acceso a estos servicios, en la que los sectores socioeconómicos bajos resuelven sus necesidades por la asistencia entregada por el Estado y en cambio las clases medias y sectores más acomodados acuden a los servicios proveídos por el mercado para satisfacer sus demandas de salud y educación. Este es un modelo de crecimiento económico, que se basa principalmente en la explotación de los recursos naturales y en la fuerzas transnacionales de mercado, pero no es un modelo de desarrollo social. Crecimiento económico y desarrollo social no van de la mano.

Las medidas de urgencia tomadas por el problema estructural del empleo y la crisis financiera provocada por  los créditos “subprime” en Estados Unidos, son buenos ejemplos de intervenciones directas del Estado y la sociedad en los dogmáticos modelos económicos neoliberales. El Estado chileno debe recuperar su rol de regulador e incentivador de la demanda económica, guardián en lo social, redistribuidor de riquezas y amplificador de igualdades, pero esto se hace muy difícil por las limitaciones que la doctrina neoliberal implantó en las bases socioeconómicas, institucionales -e incluso culturales- de la sociedad chilena. La legitimación por los gobiernos de la Concertación del modelo neoliberal como “El modelo Chileno” y la profundización de éste por la administración de Piñera, ha paralizado el debate acerca de  la búsqueda y construcción de un tipo de desarrollo de largo plazo sustentable social y económicamente, donde el problema central sea resolver la desigualdad social desde una lógica del “Estado de compromiso” y no que este problema sea entregado a la lógica y funcionamiento de los mercados y la economía transnacional.

En resumen y para finalizar, cabe dejar claro que en el Chile de principios del siglo XXI no existe aún un sistema de protección social generalizado para la población, sus políticas sociales están focalizadas para los segmentos más pobres, reproduciendo un modelo de estratificación social de alta desigualdad. El modelo de política social focalizada, supone que gran parte de la población quede fuera de los sistemas de bienestar públicos, generando muchas veces desprotección de los sectores medios y medios bajos ante eventos de crisis económicas. Y siguiendo la misma línea de asistencialismo mínimo, el concepto de derechos que asumen las políticas públicas es más bien restringido, la garantía es en base a cobertura y no a calidad, y además estos servicios sociales son sólo para un sector de la población constituyendo un claro modelo de Estado residual. El marcado acento economicista que continúa operando desde la década de los ochenta ha debilitado la fuerza y el impacto real de la política social. Las descoordinaciones entre programas y superposición de políticas sectoriales y de actores sociales unido a una escasa participación social y ciudadana han significado que los problemas de pobreza, falta de acceso y amparo estatal no han sido resueltos todavía. Paulatinamente desde la vuelta a la democracia el Estado empieza tímidamente a constituirse en un agente relevante en las políticas sociales, no obstante dentro de un marco de libre mercado que restringe de manera considerable la injerencia de las políticas de bienestar.

Estas carencias generan marcadas diferencias en términos de la calidad de los servicios ofrecidos por el Estado. Por un lado, existen servicios de carácter focalizado, subsidiarios, asistencialistas y estigmatizadores para quienes ingresan en los programas de bienestar social. Y por otro lado actúa el mercado, a cuyos servicios se accede de acuerdo a los niveles de ingresos económicos, y que están dirigidos a las clases medias y sectores acomodados que presentan un individualismo autosuficiente.

Esta diferenciación refuerza un dualismo estructural de clase, donde los sectores con mayores ingresos resuelven sus necesidades de educación, salud y vivienda en el mercado, con altos estándares de calidad, y por otro lado los sectores menos privilegiados intentan resolver sus necesidades de bienestar social a través de las políticas sociales del Estado, que por su jibarización y por lo amarres institucionales de la lógica neoliberal, estaría incapacitado de cumplir con los mismos estándares de calidad y cobertura que los privados ofrecen, reproduciendo así las lógicas y desigualdades producidas por el mercado en la estructura social chilena.

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[2]    Cientista Político UDP. © Magíster Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Modernización.  FACSO. UChile

[3]    Schokolnik, Mariana; Bonnefoy, Josaine. (1994). “Propuesta de tipología de las políticas sociales en Chile” UNICEF, p. 11.

[4]    Arellano, José Pablo. (1985).“Políticas sociales y desarrollo. Chile, 1924-1984”.  Cieplán. Santiago. 1985.

[5]    Término acuñado por Manuel Antonio Garretón para describir la relación históricamente acotada que emerge de la configuración e interacción entre Estado, sistema político y base social. El tipo societal resultante de esa simbiosis Garretón lo denominara  “ Matriz socio-política”.

[6]    Gobierno de Chile. MIDEPLAN. (2005). “Componentes Centrales de un Sistema de Protección Social Sustentable: El Nuevo escenario Social en Chile”. p. 88.

[7]    “Crecimiento hacia afuera” o modelo primario exportador. En este modelo el sistema económico y productivo del país se funda principalmente en la exportación de materias primas y recursos naturales -en el caso del Chile de principio del siglo XX los  commodities principales eran el salitre y el cobre-.

[8]    Garretón, Manuel Antonio. “Matriz Sociopolítica y Desarrollo Económico en Chile”. p. 6. Disponible en: http://www.manuelantoniogarreton.cl

[9]    Riesco, Manuel. (2006) “¿Un Nuevo Estado de Bienestar Desarrollista en Formación? Chile en América Latina”. INTERNATIONAL FORUM on the Social Science – Policy Nexus. Buenos Aires. Disponible en: http://www.cep.cl/Cenda/Cen_Documentos/Pub_MR/Ensayos/Paper_BAires_Esp.html  

[10]  Schokolnik y Bonnefoy. Op. cit. p. 12.

[11]  Íbid.

[12]  Gobierno de Chile. MIDEPLAN Op. cit. p. 11.

[13]  Raczynski Dagmar y Fernández M. Ignacia. (2005) “Racionalidad en las decisiones de políticas hacia la pobreza en América Latina. Análisis político institucional y comparativo de países” Proyecto FONDECYT. p.4.

[14]  Gómez, Jesús M. “El Estado del Bienestar y el reto de la solidaridad”. Anales de Estudios Económicos y Empresariales. Número 10, pp. 263-264.

[15]  Riesco, Op. Cit

[16]  Íbid, p. 15.

[17]  Garretón, Manuel Antonio. (2000) .“Política y Sociedad entre dos Épocas. América Latina en el cambio de Siglo”. Homo Sapiens, Argentina.

[18]  Marshall, Jorge y Mario Waissbluth (2007). “Reforma del Estado en Chile: Una oportunidad”. en foco 122, Expansiva UDP. p. 3.

[19]  Gobierno de Chile. MIDEPLAN Op. cit. p. 90.

[20]  Toloza, Cristián. Lahera, Eugenio. (1998). “Chile en los noventa”. Presidencia de la República – DOLMEN Ediciones, Santiago de Chile. p. 313.

[21]  Waissbluth, Mario; Inostroza, José. “Globalización y Reforma del Estado en Chile”. Iberoamericana. Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies. Vol XXXVII: 2007, 1, pp. 285 – 310.

[22]  Waissbluth. Op. cit. p.  4.

[23]  Ïbid.

[24]  Esping-Andersen, Gosta (1993). “Los Tres mundos del Estado de Bienestar”, Ediciones Alfons El Magnanim, Valencia. p 40.

[25]  Lagos Escobar, Ricardo. (2000) “Programa de Gobierno: para crecer con igualdad: Primer gobierno del siglo XXI ”. 31 p. Santiago. Disponible en: http://www.archivochile.com/Gobiernos/gob_rlagos/de/GOBdelagos0002.pdf

[26]  Bachelet. Op. cit.

[27]  Piñera, Sebastián. (2010). “Programa de Gobierno para el Cambio y la Esperanza”. Disponible en. http://pinera2010.cl/programa-de-gobierno/

[28]  El Pan AUGE garantiza ciertos servicios de atención prescritos por el Estado e incluye algunos medicamentos para toda la población. De manera que si los ciudadanos requieren otros procedimientos no incluidos en este Plan, deben pagar por ellos. Esto genera una estratificación entre sectores de bajos ingresos que acceden a servicios mínimos, sectores medios, con acceso a un paquete más amplio y sectores altos con una canasta de servicios aún mayor.

[29]  Castells, Manuel. (2005). “Globalización, desarrollo y democracia. Chile en el contexto mundial”. Fondo de Cultura Económica, 164 p.

[30]  Moulian, Tomás,  “Páramo del ciudadano”, en Chile Actual: Anatomía de un mito , LOM-ARCIS, Santiago, Chile, 1998. p. 26.

[31]  Gabriel Salazar y Julio Pinto, (1999) “Historia Contemporánea de Chile, Estado, Legitimidad, ciudadanía”. Ed. LOM. Tomo III. p.61.

[32]  Riesco. Op. Cit.

[33]  Entre ellos: Ricardo Lagos, la ex presidenta Bachelet, el actual presidente Piñera y casi toda la clase política con representación parlamentaria.

El Bicentenario, aquella celebración de nuestros doscientos años de vida republicana y soberana, aquél evento que aglutina a todos los sectores políticos en la fiesta de la independencia y la celebración cívica, se muestra hoy –cada vez más- en todo su esplendor. Somos el Chile con valores que fortalecen nuestra condición de “libre y democrático”, “que respeta identidades”, “diverso e integrado”, “socialmente equitativo y solidario”, “en crecimiento” y en “armonía con el medio ambiente”[1]. El Bicentenario refleja, además, nuestra condición de país moderno, actualizado, inserto en las redes comerciales y culturales, un país serio, estable y democrático. De este modo, qué duda cabe, sea el gobierno que sea, aquél evento merecía ser un centro de atención de la agenda política.

Pero, como toda idea o proyecto, el bicentenario debe pasar la prueba de la empiria, debe bañarse en la realidad y ver si se ahoga o fluye libremente. Debe, por tanto, necesariamente asumir su rol de sospechoso en la investigación y el juicio científico. En el fondo, el Bicentenario debe responder a la pregunta, ¿merece ser celebrada?.

Chile llega al Bicentenario con un fuerte discurso centrado en una economía dinámica, orientada a las exportaciones con cada vez mayor valor agregado, con creciente diversidad exportadora, (hasta el punto en que algunos ya han hablado de la entrada de Chile en una “segunda fase exportadora”) y que, producto de los equilibrios macroeconómicos y su seriedad y estabilidad institucional, hemos logrado diferenciarnos de nuestros vecinos, enfatizando el crecimiento con equidad. Nuestra economía social de mercado, a pesar de ciertos problemas, habría logrado reducir la pobreza y aumentar la capacidad de acceso a bienes para la gran mayoría de la población. Somos, a fin de cuentas, un país moderno.

En su segundo siglo de país soberano, la economía nacional se caracteriza por un régimen de acumulación económico liberal centrado en las exportaciones. El núcleo estratégico de la economía nacional no es ya (como en el régimen de acumulación proteccionista sustitutivo de importaciones) nuestro mercado interno sino el mercado internacional. Desde esa matriz, el Estado ha generado una política internacional centrada en el fortalecimiento de acuerdos comerciales. La ola de tratados de libre comercio que ha firmado el país se explica por el rol asignado al Estado en este régimen de acumulación, centrado no ya en favorecer el mercado interno vía políticas keynesianas y de desarrollo industrial nacional (como en el antiguo régimen), sino en consolidar un tejido de reglas explícitas que favorezcan el libre comercio entre los socios comerciales.

Y lo anterior ha tenido resultados, y muy buenos, para el sector exportador. El siguiente gráfico es ilustrativo,

Gráfico N° 1

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCCH.

Las exportaciones –si no consideramos los negativos efectos de la crisis, producto de la caída del dólar-, entran en un constante aumento. Los tratados de libre comercio han dinamizado la economía y han profundizado nuestra inserción al comercio internacional. Pero ese proceso, y he ahí la hipótesis a desarrollar, lejos de hablarnos de un país moderno, nos hablan de una estructura económica concentradora, excluyente e incapaz de avanzar hacia los objetivos de desarrollo económico.

El sector triunfante en la economía nacional son las empresas con capacidad exportadora, que, producto de las políticas internacionales y nacionales de los gobiernos de la Concertación, han podido insertar sus bienes en un amplio horizonte global. Y los datos lo ratifican,

Gráfico N° 2

Fuente: elaboración propia en base a datos de Alvarez (2004), ProChile (2009).

Los mercados se han abierto, hoy los productos exportados han pasado de llegar a 129 países en 1990, a 191 el año 2009 (ProChile 2009). Pero los datos agregados muchas veces impiden ver la estructura interna del objeto de estudio, obligándonos a desagregarlos. En ese sentido, lo  primero que observamos de los hechos estilizados es la concentración exportadora, centrándose en un pequeño número de empresas,

Tabla N° 1

Fuente: elaboración propia en base a datos de ProChile (2009) ProChile (2004).

Lo anterior implica que, dentro de las empresas con capacidad exportadora, para el año 2009, sólo un 0.8% de las mismas exportaba más de 100 millones de dólares anuales. Estas mismas empresas son las que hoy explican el 71,8% de las exportaciones nacionales, y dicha concentración exportadora no ha hecho más que aumentar a lo largo del tiempo. Para el año 2009, los datos de concentración son los siguientes,

Gráfico N° 3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ProChile (2009), ProChile(2004).

Dentro de este 0,8%, diez empresas concentran el 45% de las exportaciones nacionales. Aquellas empresas son,

Tabla N° 2

Fuente: ProChile (2009).

Los datos anteriores tienen una función específica en nuestro argumento, que es dar cuenta de la concentración empresarial en el sector más estratégico de la estructura económica nacional. Esto nos permite hablar de una estructura exportadora oligopólica dentro régimen de acumulación actual nacional.

Ahora bien, el sector exportador oligopólico no es sólo un actor económico que produce, consume y distribuye bienes, sino que también es un agente profundamente político, que actúa en el espacio en que se determinan las políticas de largo plazo de la sociedad chilena. La clase empresarial exportadora es un agente activo en la toma de decisiones sobre áreas que determinan en gran medida la estructura económica y política chilena en el largo plazo.

Dicha clase social tiene la capacidad, vía sus gremios, de estar presente en las negociaciones del TLC entre Chile y EEUU[2], tiene la capacidad de enviar sus propios especialistas junto a los del gobierno chileno a las rondas de negociación del TLC con China (representantes de la SNA, SOFOFA, sector industrial lácteo, etc.), lo mismo que con el TLC con la UE, con Corea, y así con cada uno de los acuerdos comerciales que tenga el país. Es un agente activo también en la política nacional, desde la agenda pro crecimiento que transó con Lagos, como en las actuales presiones al gobierno para que tome cartas sobre el tipo de cambio del dólar.

El que la burguesía viva de esos “circuitos y cálculos que el común de los mortales ignora” (Braudel, 1971:2) donde se obtienen ganancias excepcionales y donde su concentración del poder económico convive funcionalmente con la concentración de poder político del Estado, no es algo que deba impresionarnos. Ya desde Braudel (1971, 1994) hemos aprendido que el capitalismo es justamente aquél espacio de monopolio y no de libre mercado, de articulación con el poder y no de autonomía de la misma, de juego entre selectos poderosos y no de competencia.

Pero lo que sí sorprende es la relación de la elite económica chilena con aquella aspiración tan moderna del tipo ideal del burgués schumpeteriano y con aquella promesa redentora del empresariado. ¿Cuál sería esta promesa? “El empresario es la única fuerza productora, o sea, la fuerza realizadora, creadora, como se deduce inmediatamente de sus funciones…también, todos los inventos técnicos llegan a realizarse gracias a él.” (Sombart, 1946:29), más aún, “la función del empresario consiste en reformar o revolucionar el sistema de producción, explotando un invento o, de una manera más general, una posibilidad técnica no experimentada para producir una mercancía nueva o una mercancía antigua por un método nuevo, para abrir una nueva fuente de provisión de materias primas o una nueva salida para productos, para reorganizar una industria, etc.” (Schumpeter, 1984:181)  El capitalismo como proyecto societal del burgués sólo vive en su permanente innovación, en aquella “tempestad perenne” que es la competencia, y que hace, producto del mismo, que las innovaciones tecnológicas, en un inicio poseídas monopólicamente, pronto se esparzan en todo el tejido productivo (destruyendo el tejido anterior, pero creando uno superior), siendo necesario para obtener ganancias extraordinarias, avanzar aún más en la innovación. “Este proceso de destrucción creadora es el hecho esencial del capitalismo” (Schumpeter, 1984:104). Esa es justamente la idea del empresario como aquel que lleva en sus hombros el desarrollo industrial, arrastrando a toda la economía en la senda del progreso técnico y esparciendo, cual Prometeo con el fuego, sus nuevos métodos a todo el campo social.

Ante lo anterior, ¿es la burguesía criolla esa clase redentora que lleva a todo el tejido productivo nacional hacia la producción con mayor contenido tecnológico, superando la mera producción de bienes primarios con mano de obra poco calificada?  Un buen indicador (mas no lo único, ya veremos) sería el qué producen, o más específicamente, cuál es la relación entre la producción de bienes primarios, secundarios y terciarios. Mientras menos sea la producción directamente vinculada a la extracción de materias primas, y más el valor agregado a la producción, mayor será el nivel de desarrollo de un país[3].

Ante lo anterior, los datos que entrega el Gobierno son bastante prometedores. Tal como observamos,

Gráfico Nº 4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCCH.

Los datos indican un importante crecimiento del sector industrial chileno que, si bien se ve mermado por la minería, tiene un aumento permanente. El crecimiento del sector industrial en Chile haría de indicador no sólo de lo correcta de la estrategia de crecimiento que, luego de décadas, comienza a ver sus primeras flores, sino de lo emprendedora del sector exportador nacional (la visión convencional al respecto es Direcon, 2007), o sea, básicamente de ese 0.8 de empresas.

Pero, ¿en qué consiste el “Sector industrial chileno”? si al sector la desagregamos en, por un lado, una canasta de bienes fuertemente dependientes de materias primas y con un procesamiento menor[4] y, por otro, el resto, la proporción es la siguiente:

Gráfico Nº 5

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCCH.

En promedio, en el sector industrial chileno un 44% de su producción es altamente dependiente de las materias primas, con una elaboración del producto baja, y por lo tanto, aún con poca suma de valor agregado.

Lo anterior nos lleva a una visualización general de la estructura de bienes exportados en Chile. Si sumamos el sector agropecuario, silvícola, pesquero, el sector minero, más estos bienes fuertemente dependientes (que, en conjunto, son la estructura de bienes con bajo valor agregado más el sector primario de la economía) y lo contrastamos con las exportaciones totales, tenemos la siguiente imagen de  nuestra estructura exportadora global,

Gráfico Nº 10

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCCH.

En 1996, el sector primario más el sector altamente dependiente de materias primas aglutinaba un 77,7% del total de exportaciones, mientras que para el año 2009, esta relación era de 79,8%. Dentro de esta estructura exportadora, el cobre en el año 1996 era el 40% de las exportaciones totales, mientras que para el año 2009, esa cifra aumenta a un 53%.

Dicho lo anterior, este sector oligopólico, que dirige la inserción de Chile en el mundo, y que se caracteriza por su carácter rentista de recursos naturales, carece de relación con la economía nacional, sus  ingresos derivados del aumento de sus exportaciones (derivados, a su vez, de las fuertes presiones antes nombradas sobre la elite política de la concertación), no fluyen a la economía nacional, su comportamiento es un clásico comportamiento de economía de enclave, desvinculada de la economía nacional. Tal como lo observamos en la siguiente matriz insumo-producto,

Tabla Nº 3

Si bien la matriz data del año 2003, dichas dinámicas no han cambiado profundamente a lo largo de los años, por lo que resulta útil observar su información. Si aumenta la producción (producto de un  nuevo mercado por ejemplo), las grandes empresas (que explican el 85% de las exportaciones), demandarán un 78.1% de los insumos necesarios a empresas del mismo tamaño, relegando a niveles marginales su articulación con el sector PYME nacional –sector que brinda, en promedio desde 1998, el 63% del empleo nacional-. Por otro lado, las propias PYME manifiestan una fuerte dependencia de insumos a grandes empresas (71.1% de los insumos a las pequeñas empresas vienen de las grandes, mientras que en las medianas empresas esa porcentaje aumenta a 77.1%).

La estructura planteada anteriormente explica por qué el proceso de apertura comercial no ha traído beneficios a la gran parte de la población que vive de las MIPYME, y ha relegado a ese sector clave del empleo nacional, a un rol de abastecedor de bienes de consumo a los sectores más amplios de la población. Esto implica, entre otras cosas, que el mercado de las MIPYME es una población en el que el 50% de los chilenos viven en promedio, con 250 mil pesos (según CASEN 2009), y en que más del 70% de los bienes consumidos por la población provienen de la gran empresa, no de las MIPYME (tabla Nº 3).

Un régimen de acumulación centrado en las exportaciones de caracteres oligopólicos, concentrador, y de enclave, incapaz de generar tejidos productivos que integren a las PYME a las ganancias de las exportaciones (según la Cuarta Encuesta Longitudinal de Pyme, 2010, más del 80% de las MIPYME no exportan ningún tipo de bien a ningún mercado y más de un 85% no provee ningún tipo de bien o servicio a empresas exportadoras), hace evidente que el problema de fondo de nuestra economía no es el crecimiento en sí, sino su evidente heterogeneidad estructural[5], su disociación entre sectores de la economía, creando una situación de “economía dual”.

Tal como afirma Sunkel e Infante, “el problema de fondo no es tanto la velocidad del crecimiento como su composición, o sea, las profundas diferencias de productividad y calidad de la estructura productiva, tanto de los sectores productores de bienes como de servicios.”(2009:35). Pero a esto agregaría una dimensión más. La composición de nuestras exportaciones, las formas de integrarnos a la economía mundial, las específicas formas de intervención del Estado, los diversos núcleos estratégicos que ha tenido nuestra economía –y que articulados generan un específico régimen de acumulación-, no son fenómenos técnicos y neutrales, sino propiedades emergentes de específicas correlaciones de fuerzas entre sujetos políticos, en el cual un determinado bloque de poder impone su proyecto económico, deviniendo, por tanto en bloque hegemónico. Todo régimen de acumulación tiene su génesis y su fundamento en esta constelación sociopolítica en que determinados grupos sociales articulados logran imponer su hegemonía en el campo de la producción, determinando la composición de la economía de la que habla Sunkel e Infante. La economía es, ante todo, un proyecto político.

De este modo, si centramos la crítica en la composición del crecimiento económico, y  no incluimos una crítica, a la vez, a ese bloque de poder, a esa estrategia hegemónica sobre el campo de la producción que produce y reproduce dicha composición, la crítica quedaría limitada, incapaz de asumir sus propias derivaciones lógicas.

Lo claro es que esta condición periférica de nuestra economía es producto no sólo de nuestra posición subalterna en la economía mundial, sino de la incapacidad de la elite económica y política nacional de crear una estrategia económica que fortalezca los tejidos productivos, que aumente el valor agregado a la producción y que incluya a toda la población en la producción y distribución de los frutos de la misma, que sea, a fin de cuentas, cercana a su propio tipo ideal del burgués. El problema pasa de la economía formal a la política sustantiva, a una crítica al sujeto político oligopólico exportador, que en cuanto núcleo central de la estrategia de crecimiento, es incapaz de llevar al país hacia el desarrollo.

Si el tema es cuestionar la composición del crecimiento nacional, estamos hablando de un cambio en la composición de fuerzas sociopolíticas que hacen de su matriz. Fundamentalmente debemos hablar de que el grupo hegemónico (burguesía exportadora y tecnocracia liberal anclada en el Estado) es incapaz de ceder sus nichos de poder que dicha estrategia les ha brindado. Estamos hablando de la necesidad de un nuevo sujeto social, para una nueva estrategia de desarrollo “inclusiva”. Ese sujeto yace en los grupos subalternos del modelo actual (en los trabajadores, estudiantes, indígenas, mujeres, etc.), que deberán desarrollar su capacidad creativa de crear nuevas formas de órdenes económicos, novedosas formas de vincular la democracia con el desarrollo y nuevas formas de lucha, porque si algo debemos aprender de la historia, es que dos proyectos hegemónicos sólo conviven en permanente lucha, hasta que uno se impone sobre otro. De este modo, la mejor recomendación económica para avanzar hacia el desarrollo no es cuánto debemos invertir en I+D, o qué tipo de clusters industriales debemos fortalecer, sino reconocer que, tal como dijera Gramsci, “Lo único predecible es la lucha”.

El economista socialista Fernando Fajnzylber (1989) planteaba que la economía chilena representa una modernidad de escaparate, sólo posible de observar, pero imposible de llegar a la población. Qué duda cabe que tras el discurso de país moderno, se encuentra una estructura económica dual, periférica, desarticulada, en el que el núcleo central está aislado, absorbiendo todos los excedentes de su inserción en la economía mundial, relegando a la población chilena a ver la modernidad desde las afueras del escaparate. El Bicentenario, de este modo, sólo merece ser celebrado por el grupo económico y político que aprovecha su inserción minoritaria y exclusiva en la economía, mientras que para el gran porcentaje de la población, el bicentenario, es a su vez, un producto de escaparate, un maniquí que se observa en las grandes tiendas, que sabe que no puede acceder, y que su único fin es intentar sobrevivir en un mercado nacional copado de productos de grandes tiendas, una situación de incertidumbre radical y de limitada capacidad de poder aumentar sus capacidades productivas. Son ellos los derrotados del modelo, pero a su vez, son ellos el único sujeto social que puede llevar en sus hombros un proyecto alternativo, una estrategia socialista de desarrollo.

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.

[2] La SNA, SOFOFA, SONAMI, ASOEX, Cía.Minera Disputada de Las Condes (esta ni siquiera requiere gremio, por sí misma, es voz en las negociaciones), el Consejo Minero, Cámara de la Industria Farmacéutica, etc. fueron entre otras las organizaciones presentes en las negociaciones. En este sentido, afirma la DIRECON, “Direcon mantuvo reuniones permanentes con las más diversas agrupaciones empresariales, durante todo el proceso de negociación. La intención de estas reuniones era transmitir la información más actualidad de la negociación, recibir comentarios y sugerencias del sector privado, conocer sus aspiraciones exportadoras y sensibilidades, de modo de incorporarlas a la negociación.”(DIRECON, 2003:14)

[3] Tal como afirma Amsden, en una definición mínima de desarrollo económico, “Economic Development is a process of moving from a set of assets based on primary products, exploited by unskilled labour, to a set of assets based on knowledge, exploited by skilled labour”(2001: 2-3). “Desarrollo económico es el proceso de movimiento que va de un conjunto de activos basados en productos primarios y explotados por una fuerza de trabajo no cualificada, a unos activos basados en el conocimiento y explotados por fuerza de trabajo cualificada.” [traducción propia]

[4] Estos son: Harina de pescado, salmón y trucha, moluscos y crustáceos, conservas de pescado, frutas deshidratadas, Basas de madera acerradas de pino insigne, Puré y jugos de tomate, Fruta congelada sin azúcar, carne de cerdo, chips de madera, madera sepillada, tableros de fibra de madera, celulosa cruda, celulosa blanqueada, papel para periódico y diarios y publicaciones.

[5] Sobre esta categoría central del análisis de la CEPAL, ver Pinto, Di Filippo (1974).

                Gaston Bachelard

Cualquier análisis que busque dar cuenta de la verdad debe incomodar, debe estar sujeto a crudas réplicas, debe tener esa brillante capacidad de incentivar respuestas, llamar a que otros tomen las armas de la crítica y generar el objetivo último de todo que una, el diálogo. Nuestro objetivo como revista no es, por tanto, dar cuenta de espacios comunes, describir situaciones dentro de los contextos instituidos, sino ver las incógnitas, los intersticios, las grietas con las que trafica lo que hoy se muestra como “verdadero”, como “inmodificable”, o “natural”, generar esa discusión necesaria que permita, en conjunto, encontrar los fundamentos de los procesos que vivimos hoy como sociedad.

 Pero la verdad no es sólo un descubrimiento, la verdad es una herramienta para la acción. Como fin y medio a la vez, los descubrimientos, los análisis, los debates que puedan (o no) surgir de este espacio, no son solamente valiosos en cuanto tal, sino que son instrumentos y armazones con los que nos preparamos para la praxis política, con los que entendemos nuestro contexto, comprendemos correlaciones de fuerza, y a partir de ello elaboramos estrategias. Política y verdad, por tanto, se complementan  y, especialmente para la izquierda, se funden.

Pero no hablamos desde una falsa posición de neutralidad ni desde una sospechosa objetividad científica, sino que, por el contrario, hablamos desde un espacio definido y una problemática clara. Tomamos posición. Hablamos desde nuestra condición de jóvenes socialistas chilenos.

Los jóvenes socialistas chilenos hemos sido un agente clave en la lucha contra el fascismo en los años treinta, en la construcción del frente popular en los cincuenta y en el largo camino que derivó en lo mejor le hemos ofrecido al país, el gobierno de la UP, liderado por el compañero Salvador Allende. Hemos sido también un sujeto político esencial en la lucha contra la dictadura, y hemos colaborado en traer de vuelta la democracia a la sociedad civil.  Con muchos caídos en el frente de batalla, los socialistas chilenos seguimos hoy la tarea de ayer: transformar de raíz los pilares sobre los que se levanta la desigualdad, la injusticia, la explotación y el poder económico de unos pocos. Pero dicha tarea no sólo requiere de la voluntad y la acción, sino de la reflexión y la confrontación de ideas, principalmente porque hoy estamos en un nuevo contexto social, en una nueva composición de clases sociales, y en nuevas formas de control, disciplinamiento y dominio sobre  las amplias mayorías del país. Se requiere una nueva estrategia socialista. Se requiere, entonces, de un nuevo proyecto político, un nuevo proceso de reflexión.

Esta nueva estrategia exige sus propios medios e instrumentos de conocimiento, requiere su propia armazón, y como revista esperamos ser un terreno más desde donde aportar hacia una nueva generación de mentes críticas que sean capaces de llevar en sus hombros un proceso de transformación social.

El contexto es desfavorable -¿cuándo ha sido lo contrario?-, pero la convicción de que nuestra crítica es justa y verdadera amerita mantener vivos estos espacios de pensamiento, de reflexión y por sobre de todo, de anteponer la creatividad sobre la monotonía, la imaginación por sobre lo estático e instituido, lo políticamente incorrecto sobre la realpolitik, es eso a fin de cuentas, lo que como socialistas chilenos entendemos por “pensar”.

¡Que se levanten cientos de escuelas de pensamiento! ¡Que impere la fertilidad convulsionada de diferentes aproximaciones a la izquierda y al socialismo chileno!  ¡Que la rabiosa crítica del presente se esparza y nuevas generaciones rebeldes nazcan! El punto de llegada es incierto, lo claro es que éste es nuestro punto de partida… Bienvenidos a Revista Masiva.

Editorial

Desgraciadamente, hemos sido incapaces en 200 años de vida independiente de generar una sociedad mínimamente democrática y con justicia social; pese a que esos fueron los ideales que inspiraron teóricamente la Independencia de Chile y de los demás países del continente.

Es cierto que experimentamos progresos políticos, económico-sociales y culturales; desde la virtual autocracia que rigió hasta 1891; la república exclusivamente oligárquica que se extendió hasta 1925; la república oligárquica-mesocrática que se impuso hasta 1958; y el frustrado experimento democrático que se desplomó trágicamente en 1973.

Pero también es cierto que hasta 1958 las grandes mayorías populares fueron excluidas de una efectiva participación política y del disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales. Fundamentalmente, a través de un sistema electoral que por medio del cohecho y del “acarreo” del inquilinaje distorsionaba profundamente el sufragio universal; y de un sistema semifeudal de hacienda que convertía a la generalidad de los campesinos en virtuales siervos o en trabajadores de temporada que vivían en la más extrema miseria y precariedad.

Además, los pueblos indígenas chilenos en el curso de los siglos XIX y XX fueron expoliados y sometidos (los mapuches); virtualmente esclavizados (los rapanui); segregados (los aymaras); o exterminados (los del extremo sur).

Asimismo, la emergencia de un fuerte movimiento obrero a comienzos del siglo XX fue reprimida con recurrentes masacres efectuadas con extrema crueldad por gobiernos que representaban intereses exclusivamente oligárquicos o que incluían también los de sectores medios. Las peores fueron, sin duda, la matanza de Santa María de Iquique realizada por el gobierno de Pedro Montt en 1907 y que dejó cerca de 2.000 personas asesinadas; la de La Coruña hecha por el primer gobierno de Arturo Alessandri en 1925 y que dejó alrededor de 1.000 víctimas; y la de Ranquil efectuada por el segundo gobierno de Alessandri en 1934 que se tradujo en la desaparición forzada de cerca de 400 personas, luego de haber sido detenidas.

Además, en aparente contradicción con la ampliación de la república exclusivamente oligárquica, a partir de 1925 se desarrollan francas dictaduras –como la de Alessandri en 1925 que impuso una nueva Constitución ; la de Carlos Ibáñez entre 1927 y 1931; y la de Carlos Dávila en 1932- o se va generando una legislación restrictiva de los teóricos derechos garantizados por la Constitución de 1925: Particularmente la Ley de Seguridad Interior del Estado de 1937; la Ley de Zonas de Emergencia en 1943 y, sobre todo, la Ley de Defensa de la Democracia en 1948, vulgarmente conocida como la Ley maldita.

De tal manera que los notables progresos económicos experimentados en un siglo y medio de vida independiente se distribuyeron de forma muy desigual y especialmente excluyentes para las grandes mayorías de la sociedad nacional conformada por campesinos y obreros. El corto paréntesis democrático que se abrió en 1958 –con la aprobación de la cédula única que impidió el cohecho y el acarreo del inquilinaje y derogó la Ley de Defensa de la Democracia- redundó en el establecimiento de gobiernos profundamente reformistas (de Eduardo Frei, en 1964; y Salvador Allende, en 1970) que eliminaron el sistema de hacienda; chilenizaron el cobre primero, y luego lo nacionalizaron; y que -en el caso de Allende- intentó terminar con los grandes grupos económicos financiero-industriales.

Sin embargo, el mesianismo y la radicalidad excluyentes de los proyectos demócrata-cristianos y de la Unidad Popular no generaron solamente una franca disposición golpista en la derecha; sino que crearon también una división y antagonismo suicida entre el centro y la izquierda chilenos. Su resultado final fue el golpe de 1973 y el aprovechamiento por parte de la derecha de unas Fuerzas Armadas que –además de su natural mentalidad autoritaria- habían sido adoctrinadas por décadas en la doctrina de la “seguridad nacional” impartida en la Escuela de las Américas, establecida por los gobiernos estadounidenses en el marco de la guerra fría.

De este modo, la derecha impuso –a sangre y fuego, dejando una estela de gravísimas y sistemáticas violaciones de derechos humanos- una virtual refundación de la sociedad chilena sobre la base de la ideología neoliberal inspirada en la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago. Como lo ha reconocido Andrés Allamand, “Pinochet le aportaba al equipo económico… el ejercicio sin restricciones del poder político necesario para materializar las transformaciones (económico-sociales). Más de alguna vez en el frío penetrante de Chicago los laboriosos estudiantes que soñaban con cambiarle la cara a Chile deben haberse devanado los sesos con una sola pregunta: ¿Ganará alguna vez la presidencia alguien que haga suyo este proyecto? Ahora no tenían ese problema”. (Allamand.- La travesía del desierto; Edit. Aguilar, 1999; p. 156)

Así, la dictadura destruyó el poder de los sindicatos, las juntas de vecinos y los colegios de profesionales y técnicos; privatizó en beneficio de los grandes grupos económicos –y a vil precio- buena parte del aparato productivo y de servicios públicos creado por el Estado hasta 1970 o estatizado por el gobierno de Allende; desmanteló la intervención económica del Estado en beneficio de los sectores medios y populares; concentró notablemente el poder económico y la distribución del ingreso; mercantilizó los servicios educacionales, de salud y previsión social; creó una legislación destinada a reprivatizar la mayor parte de la gran minería del cobre; abrió unilateralmente la economía al resto del mundo y desarrolló una política económica de inserción solitaria en los mercados mundiales; destruyó la generalidad de los medios de comunicación del centro y la izquierda; y, en general, impuso todas las medidas imaginables para convertir a Chile en uno de los países más neoliberales –sino el que más- del planeta.

Para consolidar estos cambios en el largo plazo, la derecha –a través de Pinochet- impuso una Constitución que estableció una democracia nominal a partir de 1990. En ella, un artilugio central fue el sistema electoral binominal –que no existe en ningún otro país del mundo- que neutraliza las mayorías populares en la representación parlamentaria. Otro, fue establecer altos quorum para las reformas constitucionales y de las leyes orgánicas constitucionales destinadas a normar aspectos esenciales de la vida del país. Aunque la derecha cometió el “error” de no regular a través de dichas leyes los ámbitos económicos, sociales y culturales; con excepción de la educación y la minería.

Con lo que ciertamente no contaba la derecha -¡ni por cierto el país!- fue con el giro copernicano experimentado a fines de los 80 por el liderazgo de la Concertación que lo llevó, en palabras del propio Edgardo Boeninger, a una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones políticas de reconocer”, añadiendo también que “la incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes”. (Boeninger.- Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; pp. 369-370)

Todo esto explica un comportamiento de dicho liderazgo, aparentemente irracional, que ha sido ocultado hasta el día de hoy y que es inédito en la historia de la humanidad: ¡El regalo de la mayoría parlamentaria simple que iba a tener el gobierno de Aylwin!, regalo efectuado a través del acuerdo de reformas constitucionales plebiscitado en 1989. En efecto, de acuerdo a los términos originales de la Constitución del 80 (Arts. 65 y 68) –y pensando que Pinochet sería ratificado como presidente en el plebiscito de 1988 y que la derecha continuaría con su histórica minoría electoral- el futuro gobierno tendría mayoría parlamentaria simple en el Congreso, solo con mayoría absoluta en una cámara y un tercio en la otra. Así, con el sistema binominal más los 9 senadores designados, Pinochet habría alcanzado ilegítimamente mayoría en el Senado. Y el mismo sistema binominal le habría asegurado con creces un tercio en la Cámara de Diputados. Pero la derrota de Pinochet hizo que dicho prospecto le fuera favorable al inminente presidente Aylwin y la Concertación. Esta habría logrado con seguridad mayoría absoluta en la Cámara y el tercio en el Senado, pese al sistema binominal y los senadores designados.

Sin embargo, en el marco del acuerdo de 54 reformas aprobado a mediados de 1989 entre Pinochet y la Concertación –la gran mayoría positivas, aunque ninguna eliminaba los más trascendentes dispositivos autoritarios de aquella- se incluyó nada menos que la modificación de los artículos 65 y 68, estableciendo que para aprobar las leyes simples se exigiría mayoría absoluta en ambas cámaras. Este requisito, teóricamente democrático, en el marco de la peculiar Constitución del 80 significaba que la mayoría electoral de la Concertación ¡no se iba a traducir ni siquiera en mayoría parlamentaria simple!

Este acuerdo, que ha sido silenciado y ocultado hasta hoy por sus autores, le permitiría aducir plausiblemente al liderazgo concertacionista que las propuestas de profundas reformas de los sistemas sindical, laboral, previsional y de salud –y de derogación del decreto ley de autoamnistía- al que se había comprometido en el Programa de Aylwin, no las podía cumplir; en lugar de tener que admitir que no las quería cumplir.

Este giro copernicano en materia económica nos permite entender también los demás vuelcos en cientochenta grados de aquel liderazgo en materia política, social, comunicacional y de derechos humanos. En primer lugar, el cambio en la concepción de la democracia que llevó a Aylwin a señalar en agosto de 1991 que ya vivíamos en democracia, en circunstancia que ninguno de los “enclaves autoritarios” de la Constitución del 80 había sido eliminado a esa fecha. Y a Lagos y todos sus ministros ¡a suscribir la Constitución del 80 en lugar de Pinochet!, luego de reformas que siendo importantes no han convertido a nuestro sistema político en auténticamente democrático.

En segundo término, el ningún intento efectuado –pese a que Lagos obtuvo mayoría parlamentaria entre agosto de 2000 y marzo de 2002, gracias a los desafueros de los senadores Pinochet y Errázuriz; y a que Bachelet también la logró por varios años desde el inicio de su gobierno- por revitalizar los sindicatos, las juntas de vecinos y los colegios profesionales y técnicos.

En tercer lugar, la virtual autodestrucción del conjunto de medios de comunicación escritos concertacionistas creados en la década del 80, a través del bloqueo de las ayudas ofrecidas por Holanda a esos medios a comienzos de los 90; la discriminación del avisaje estatal en su contra; y la compra de algunos de ellos por personeros concertacionistas para cerrarlos prontamente. Además de la férrea oposición a devolverle los bienes del diario Clarín a su propietario confiscado por la dictadura: Víctor Pey, ¡consolidando de este modo el duopolio El Mercurio-Copesa!

En cuarto lugar, la sistemática búsqueda de impunidad de las más graves violaciones de derechos humanos de la dictadura, que culminaron en el caso de Pinochet; en la negativa de la derogación del decreto ley de autoamnistía, pese al fallo en ese sentido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de septiembre de 2006; y en la aprobación por ley, en 2004, de la virtual impunidad de los torturadores, al prohibirle de manera aberrante al Poder Judicial tener acceso a las denuncias de aquellos presentadas ante la Comisión Valech.

Por todo lo anterior no nos debiera extrañar que los gobiernos de la Concertación hayan consolidado en estos 20 años la obra de la dictadura. Así, más allá del significativo aumento del gasto público social que redundó en una notable disminución de la indigencia y en un gran desarrollo de las obras públicas; nuestro país es estructuralmente el mismo de 1990. No solo se mantuvieron, sino que se acrecentaron las privatizaciones de servicios públicos y empresas del Estado. Se ha preservado el conjunto de las “modernizaciones” impuestas por el régimen de Pinochet, con pequeños ajustes concordados con la derecha: El Plan Laboral; las AFP; las ISAPRE; la LOCE cosméticamente transformada en la LEGE; la ley de concesiones mineras; el sistema tributario; el sistema financiero; la ley de universidades; etc. Han continuado despojadas de todo poder real las organizaciones de los sectores medios y populares. Se ha continuado incrementando el poder de los grandes grupos económicos y la desigualdad en la distribución del ingreso. Se ha logrado la privatización de cerca del 70% de la gran minería del cobre. Se ha acentuado la integración subordinada y solitaria del país al mercado internacional a través de múltiples tratados bilaterales de libre comercio. Y –entre otras cosas- se ha consolidado nuestro perfil de país exportador de productos con bajo valor agregado.

Por lo mismo, tampoco nos debieran extrañar las apologías de connotados líderes de la Concertación a la obra de la dictadura. Como las de Alejandro Foxley: “Pinochet… realizó una transformación sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo… Hay que reconocer su capacidad visionaria… de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile (y que) ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar”. (Cosas; 5-5-2000) O como las de Eugenio Tironi: “La sociedad de individuos, donde las personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno, líder o partido… Las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80… Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo”. (Tironi.- La irrupción de las masas y el malestar de las elites. Chile en el cambio de siglo; Edit. Grijalbo, 1999; pp. 36, 60 y 162)

Ni tampoco nos debieran extrañar las apologías que, a su vez, le han hecho al liderazgo de la Concertación destacados exponentes de la derecha nacional e internacional. Por ejemplo las de uno de los principales artífices de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, Arnold Harberger, quien respecto de una intervención de Ricardo Lagos en un seminario en Colombia, luego de dejar la presidencia, señaló que “su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de la Universidad de Chicago. El es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras. El hecho de que partidos políticos de izquierda finalmente hayan abrazado las lecciones de la buena ciencia económica es una bendición para el mundo”. (El País, España; 14-3-2007) O las de Oscar Godoy, quien consultado si observaba un desconcierto en la derecha por la “capacidad que tuvo la Concertación de apropiarse del modelo económico” de la derecha, respondió: “Sí. Y creo que eso debería ser un motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le produce a un creyente la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertación; en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción económica liberal, a mí me satisface mucho”. (La Nación; 16-4-2006)

Lo más triste del bicentenario que conmemoramos es que el modelo soñado “en el frío penetrante de Chicago” y que fue impuesto a sangre y fuego por la dictadura, fue consolidado y legitimado pacíficamente en estos 20 años por el liderazgo de la Concertación. Y peor aún: Que paradójicamente dicha consolidación y legitimación no la hubiera podido alcanzar la derecha de haber triunfado Pinochet el 5 de octubre de 1988…

En Chile los medios de comunicación masivos están controlados mayoritariamente por un sector que responde a intereses políticos de derecha. A través de estos medios, tales como periódicos, radios y canales de televisión, reflejan sus opiniones y forman la así llamada opinión pública. Nos imponen su agenda y nos dicen que temas son importantes para el país, que noticias merecen ser resaltadas y cuales desechadas.

El poder de los medios de comunicación es enorme, así lo entendió la derecha actual y particularmente su ideólogo, Jaime Guzmán. Quien controla los medios de comunicación masivos tiene una gran posibilidad de imponer agenda y formar opinión. Sin duda, ello no es determinante del todo pero si genera una gran oportunidad a aquellas tendencias que poseen el control de los medios, asunto que tiene un amplio consenso.

Dicho lo anterior, llama la atención que la Concertación, que estuvo en el poder por 20 años, poco hizo para pelear el monopolio comunicacional de la derecha, se conformó con el diario La Nación como instrumento de propaganda de sus gobiernos y no se preparó para una futura derrota y un futuro papel de oposición. Perdieron el poder y el monopolio se hizo efectivo. Hoy todos los medios de comunicación masivos escritos de tiraje diario son de tendencia de derecha. La totalidad de los canales de televisión abierta, y las radios, salvo pocas excepciones, también responden a los mismos intereses.

Sin duda, que este comportamiento de la Concertación responde a algo más que un simple descuido e irresponsabilidad política, responde a la comodidad que siente con el modelo económico heredado por Pinochet. Los mismos que antes del plebiscito de 1988 estaban en pro de cambiar la Constitución política se amoldaron a ella y la ejecutaron a la perfección. Además, su cúpula en vez de entrar en una disputa con la derecha económica por controlar ciertos medios estratégicos, asumió que el camino más sencillo para continuar con su movilidad social o mantener cierto de nivel de vida, era entrar al mundo privado y así lo hicieron, dejando de lado a sus bases.

Mientras los medios de comunicación masivos continúan en las mismas manos, surgen medios alternativos e independientes que buscan hacer frente a la censura y desinformación de temas relevantes que transcurren en nuestra sociedad. Las mismas redes sociales hoy cumplen no sólo un rol recreativo sino también uno informativo cada día más importante, que sin embargo no está al alcance de todos ni tampoco cuenta con una uniformidad discursiva. Se trata de voces críticas y descontentas con ansías de comunicar su propia verdad que los medios tradicionales omiten o dan poca cobertura.

Para finalizar, resulta indispensable que ante tal escenario se aúnen intereses y voluntades, que por cierto están difusas y en algunos casos en contradicción, y que éstas respondan a una misma lógica, para que desde esa plataforma se creen nuevos discursos que permitan hacer frente a un monopolio no sólo comunicacional sino también político que no hace más que reproducir un sistema que beneficia a una pequeña minoría.